Fue como chocar contra un muro. Así se sintieron los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) cuando acudieron al Ayuntamiento de Haría en la última etapa de Juan Ramírez como alcalde para recabar una serie de informaciones sobre posibles construcciones ilegales en suelo rústico. Así lo afirmaron ayer dos funcionarios en su declaración como testigos en la vista oral del juicio contra el político, que se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por prevaricación urbanística por la concesión de quince licencias entre 1997 y 1999 a sabiendas de su ilegalidad, según la tesis de la Fiscalía de Medio Ambiente y de la acusación particular. También se le acusa de falsedad documental por otorgar certificaciones territoriales sin tener facultad para ello.

"En el caso de Haría, nos negaban cualquier tipo de ayuda", explicó uno de los agentes en sus manifestaciones ante el Juzgado de lo Penal nº 1. "En aquella época", entre 1998 y 2000, "nos llamaba mucha gente porque decían que se construía ilegalmente. En la Oficina Técnica nunca nos contestaban".

La documentación que sí existe pone de manifiesto hechos que resultan de difícil explicación, según la valoración del representante del Fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Stampa. Y de la propia lógica, al menos en base a las fechas que se certifican. Es el caso de la construcción de unos apartamentos en el Charco del Palo en la que median once días entre la fecha de la concesión de la licencia por parte del ex alcalde y el certificado de fin de obra.

Otra de las licencias de la polémica firmadas por Ramírez, alcalde del municipio durante un total de quince años, permitió la segregación de unos terrenos que, según el planeamiento vigente, estaban destinados a zona verde y deportiva. Al día siguiente de la firma de la segregación, el alcalde compró una de estas parcelas, colindante con su casa, según consta en la documentación que aportan Fiscalía y acusación particular.