GREGORIO CABRERA
Pocas veces una cosa y la contraria conviven tan fácilmente en un mismo espacio. Este fenómeno tuvo lugar ayer en la sala de vistas que acogió la tercera y última sesión del juicio contra el ex alcalde de Haría, Juan Ramírez, por la presunta concesión ilegal de 15 licencias entre 1997 y 1999. El fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Stampa, se ratificó en la petición de una condena de dos años de prisión y diez de inhabilitación por prevaricación administrativa y de otros dos años de inhabilitación por falsedad documental, decisión que secundó la acusación particular. "Es más que evidente que se saltaba todos los procedimientos", recalcó Stampa. El acusado insistió en su teoría, para él la única realidad. "Detrás de todo esto existe una trama", proclamó. Incluso acusó al actual edil norteño, José Torres Stinga (CC), de ser el instigador de la causa. El abogado defensor pidió su libre absolución.


La acusación de Ramírez y de su letrado no es baladí, pues durante la vista oral han insistido en todo momento en que los documentos que faltan en los expedientes y que probarían la inocencia del ex alcalde han sido sustraídos intencionadamente para perjudicarle, unas acciones que habrían comenzado tras su expulsión del sillón de la alcaldía por moción de censura en mayo de 1999. Fiscalía y acusación particular subrayan que dio licencias en suelo rústico y sin los informes preceptivos y rechazan la teoría conspiratoria.