Detrás del ingreso en prisión de María Isabel Déniz, Rafael Arrocha y posiblemente de Jacinto Álvarez subyace una presunta trama de pago de comisiones ilegales, adjudicaciones de obras, servicios y muchos regalos, desde viajes familiares a Marruecos hasta relojes de lujo de 5.000 euros.

Algunos han roto a llorar para expiar sus pecados, quizá porque el peso de la culpa se hace insoportable cuando la Guardia Civil te detiene en casa, pasas dos noches en el calabozo y un fiscal te pregunta hasta por el color de los calzoncillos. Otros han aguantado como rocas el interrogatorio judicial, que el pasado miércoles arrancó a las 10.00 horas y finalizó a las cinco de la madrugada. Y quienes han negado haber recibido viajes o regalos y haberse doblegado ante el resplandor violeta de los billetes de 500.

Pero las presuntas pruebas contra la ex alcaldesa de Arrecife se acumulan sobre la mesa del juez y el fiscal, según fuentes de la investigación. Y no sólo contra María Isabel Déniz, sino también contra el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y el gerente de la empresa de residuos Urbaser, supuesto conseguidor de lujos varios a cambio de continuar explotando el negocio de la basura en el municipio.

Porque al estanque de la ambición no sólo caen de cabeza relojes de lujo que rozan los 5.000 euros y cuya supuesta destinataria era María Isabel Déniz, sino también viajes a Marruecos con la familia al completo que costaron 11.000 euros y que el juez investiga si fueron pagados por un empresario.

Así lo acredita en apariencia la documentación obtenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los registros del pasado lunes, una operación que se saldó con ocho detenidos. Todos están imputados por cohecho, dos han sido enviados a prisión provisional (Déniz y Arrocha) y Álvarez prestaba aún declaración a última hora de anoche.

Y es que el filón de información con el que dio la UCO parece determinante para la investigación. Los agentes sacaron más de 13 cajas de documentos que estaban escondidas en un piso de Arrecife a medio terminar, propiedad de Urbaser.

A eso hay que sumarle los pinchazos telefónicos y la colaboración de otros imputados en el caso Unión -Matías Curbelo, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez-. Los tres han admitido haber puesto la mano para recibir comisiones, además de revelar los tejemanejes de Arrocha al frente de la mesa de contratación de Arrecife, un municipio que va camino de convertirse en metáfora de la corrupción.

Uno de los que no aguantó la presión fue Julio Romero Ortega, director de una oficina bancaria y miembro de la junta directiva del PP en Lanzarote. Según fuentes próximas al caso, Romero rompió a llorar en medio del interrogatorio y se deshizo en elogios a lo "bien" que había sido tratado por la Guardia Civil. Finalmente fue puesto en libertad bajo la acusación de cohecho y fraude fiscal. Lo mismo ocurrió con el segundo de los detenidos que declararon ayer, Manuel Spínola, jefe de Actividades Clasificadas en el Cabildo.