El cúmulo de irregularidades bloquea la legalización de hoteles por la vía ordinaria

GREGORIO CABRERA Ninguno de los 26 hoteles y complejos de apartamentos con licencia anulada en Lanzarote tras los contenciosos administrativos promovidos por el Cabildo ha hecho uso de la vía ordinaria que ofrece la ley para reiniciar el expediente ante los ayuntamientos y tratar así de obtener un nuevo permiso que regulara su situación y restaurara el orden jurídico perturbado. En la mayor parte de los casos, y según las fuentes cercanas al proceso consultadas por este diario, se debe a la constancia de que los proyectos son ilegalizables en la práctica por este camino. Estos establecimientos suman más de setenta causas de nulidad, a las que hay que sumar las alrededor de 250 señaladas por la Oficina del Plan Insular del Cabildo, cuyo informe seguiría siendo preceptivo.



Las sentencias anulatorias corresponden en primera instancia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en prácticamente todos los casos han sido recurridas en casación ante el Tribunal Supremo por los promotores, aunque el resultado ha sido siempre negativo para sus intereses. A partir de la firmeza definitiva de los fallos judiciales se abre un periodo de tres meses de plazo improrrogable para instar al Ayuntamiento correspondiente (en este caso el de Yaiza y el de Teguise) a reiniciar el proceso como si se tratara de conseguir una licencia absolutamente nueva. Esto requiere de informes técnicos, jurídicos y del obligatorio de la Oficina del Plan Insular, que se saltaron en todos los casos en los procedimientos originarios. Hay que decir que el Cabildo los aportó en cada uno de los procedimientos abiertos en los tribunales y el resultado siempre fue el mismo: negativo.