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El Cabildo, condenado por los ataques a César y su Fundación

La corporación debe indemnizar con 600 euros a la institución de Manrique por arremeter contra ella en un 'spot'

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El Cabildo, condenado por los ataques a César y su Fundación
El Cabildo, condenado por los ataques a César y su Fundación 

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha condenado al Cabildo de Lanzarote a pagar una indemnizacion de 600 euros por "daños morales" a la Fundación César Manrique (FCM) y a "la memoria" del artista César Manrique con motivo del vídeo institucional emitido en televisiones locales de la isla los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2004. En ellos se se arremetía contra la FCM y su fundador por su oposición a unas obras de ampliación de la carretera de La Geria.

En la grabación la corporación insular, presidida en ese momento por María José Docal, del PIL, justificaba la necesidad de rehabilitar y acondicionar el tramo de vía de La Geria comprendido entre el cruce con el desvío a Tinguatón y el pueblo de Uga. En el anuncio se afirmaba también que tanto la FCM como el propio César Manrique llevaron a cabo "actuaciones contrarias a la protección del paisaje de la isla de Lanzarote y encaminadas a mejorar sus instalaciones para una mayor rentabilidad de aquéllas", señala la sentencia.

Apelación
En el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, ante el que cabe recurso de apelación, se ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la FCM y se declara ilegal la actuación del Cabildo Insular de encargar el vídeo, al considerar probado que no existió ningún acto administrativo que diera cobertura a esa acción. De ahí, que la misma resulte nula de pleno derecho, a tenor de lo expuesto en la resolución judicial. El Cabildo estudiará si recurrirá o no.

En su defensa, Docal declaró que desconocía quién encargó el spot contra la FCM y negó que diese la orden a las televisiones para que lo emitiesen, hechos que quedaron desmentidos en el procedimiento judicial.

Tras la rectificación pública del Cabildo, a través del entonces consejero de Obras Públicas, Sergio Machín, la FCM desistió recurrir a la vía penal. Se centró en dilucidar si la campaña de descrédito, financiada con dinero público, era legal o no.

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