El magistrado César Romero Pamparacuatro, que instruye el caso Unión, acordó anoche la puesta en libertad, bajo fianza de 100.000 euros, del abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, al que se le imputan los delitos de cohecho y alteración de concursos públicos. Además, Fernández Camero está obligado a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Durante la jornada de ayer en los juzgados de Arrecife, el magistrado acordó también la puesta en libertad, sin fianza, pero con cargos de los otros dos detenidos en la operación llevada a cabo el pasado miércoles. El ex concejal del PIL en Arrecife, Celso Betancor, está acusado de los delitos de cohecho y asociación ilícita (al igual que Dimas Martín y los ex concejales en Arrecife, José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra).

Por su parte, el directivo de la empresa constructora Fomento Construcciones y Contratas (FCC), Marcos Aurelio Hernández, está imputado por los delitos de cohecho y alteración de concurso público. Tanto Betancor como Hernández deberán presentarse ante el juez los días 1 y 15 de cada mes.

Felipe Fernández Camero abandonaba el Palacio de Justicia de Lanzarote pasadas las diez de la noche tras más de cinco horas de declaraciones ante el juez y el delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río. Al igual que sucediera en la tarde del jueves con el directivo de Urbaser, Francisco José Martínez Llerandi, el magistrado ordenó un careo entre Fernández Camero y el que fuera gerente de Urbaser en Arrecife, Jacinto Álvarez.

La mayor cuantía

La libreta del gerente de la empresa de limpieza de la capital conejera en la que se recogen anotaciones sobre los supuestos sobornos pagados por parte de Urbaser a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz y a Fernández Camero, volvió a centrar parte de los interrogatorios. Y es que los investigadores del caso Unión han dado credibilidad a los apuntes donde se detallan los numerosos pagos y regalos que se realizaron supuestamente tanto a Déniz como al ex secretario.

La fianza de 100.000 euros impuesta a Fernández Camero es la de mayor cuantía que ha decretado el magistrado Pamparacuatro, ya que hasta ahora, sólo había utilizado este recurso legal con la concejal del PIL en Arrecife, Luisa Blanco, a la que se le impuso una fianza de 6.000 euros para librarse de entrar en prisión con la acusación de cohecho.

Primer careo

El primero de los careos de la jornada de ayer en los tribunales tuvo lugar entre Celso Betancor y Matías Curbelo, que durante más de 20 años fue la mano derecha de Dimas Martín. Curbelo, que está acusado de cohecho, fue detenido el 25 de mayo de 2009 cuando se disponía a cobrar una comisión de 100.000 euros.

Curbelo está considerado como uno de los hombres que mejor conoce el entramado financiero del PIL. De hecho, fue el encargado de organizar la mayor parte de las campañas electorales de los insularistas y según los investigadores del caso Unión, una de las personas encargadas de recaudar las presuntas comisiones que se recibían de los empresarios. Matías Curbelo vive actualmente fuera de Lanzarote y ha roto las relaciones personales que mantenía con Dimas Martín.

El directivo de FCC fue el que permaneció menos tiempo ante el magistrado y el fiscal. Hernández podría estar relacionado con los supuestos pagos realizados a la ex alcaldesa, entre los que destaca un viaje de placer para toda su familia a Marruecos, por la adjudicación de la construcción de un pabellón deportivo en Arrecife.