El Cabildo de Lanzarote espera iniciar antes de fin de año las negociaciones con los acreedores de Inalsa para saldar la deuda de 40 millones de euros que propició la intervención concursal de la empresa de abastecimiento del agua en la isla. El acuerdo con los acreedores sería clave para evitar el embargo de las propiedades y cuentas bancarias de los dos últimos consejos de administración de Inalsa por un valor de 11,2 millones de euros.
El Cabildo deberá presentar ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria una propuesta de convenio de pago que tendrá que ser aceptado por los principales acreedores de Inalsa (Endesa, Aguas Filtradas y FCC) para poner fin a la intervención concursal de esta empresa.
Sin embargo, la estrategia del Cabildo pasa por un lado, en lograr un acuerdo con los acreedores para conseguir una importante reducción de la deuda, estipulada en unos 40 millones, y por otro, en un plan de pagos a largo plazo. Una batalla legal que se prevé bastante dura entre los representantes de Inalsa y de los acreedores para establecer la cifra definitiva a pagar por parte de la empresa del agua.
La propuesta de convenio que se hará llegar al Juzgado de lo Mercantil tendrá que estar basada en un plan de viabilidad de Inalsa para los próximos años. De hecho, el Consorcio Insular de Aguas (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos lanzaroteños) ya tiene prácticamente ultimado un plan de viabilidad que prevé unos beneficios acumulados de 62,2 millones de euros en los próximos nueve años.
Con estos datos, el Cabildo confía en alcanzar un acuerdo con los acreedores para establecer el convenio de pagos en el que no se descarta la solicitud de un crédito a una entidad financiera.
Sentencias favorables
El Cabildo cuenta con dos autos del Juzgado de lo Mercantil que facilitarán las negociaciones con los acreedores. Y es que uno de los objetivos de los administradores concursales fue intentar el embargo de los bienes de Inalsa para hacer frente a las deudas, iniciativa que fue desestimada por el juez de lo Mercantil al entender que las instalaciones de Inalsa (las desaladoras) son bienes de dominio público.
De igual forma, el juez también echó por tierra el intento de los administradores concursales de suspender la actividad empresarial de Inalsa para forzar al pago de los 40 millones de euros. El autoemitido a principios de este mes dejaba claro que la suspensión de la actividad de Inalsa "no ayudaría al cumplimiento del fin esencial de todo procedimiento concursal que no es otro que satisfacer los intereses de los acreedores".
El Consorcio del Agua ha puesto en marcha una serie de medidas para lograr que Inalsa deje de seguir perdiendo dinero. La subida de las tasas del agua para equilibrar el coste del servicio y las obras para reducir las pérdidas millonarias en la red de distribución de agua han sido algunas de las iniciativas adoptadas en estos meses.
