Iván L. B., el joven discapacitado grancanario que vive en la calle en La Graciosa, compareció en el mediodía de este lunes ante la juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Arrecife después de ser examinado por uno de los forenses judiciales.

Tres guardias civiles fueron a buscar esta mañana a Iván a La Graciosa para trasladarlo a Arrecife, donde el juez le tomó declaración. Sobre las 15.00 horas, la Guardia Civíl trasladó al joven a Orzola donde cogió el barco de las 16.30 horas de vuelta a La Graciosa.

"A partir de ahora quiero ser libre como el viento, como un pájaro que no quiere volver más a su jaula", señaló recientemente a este medio Iván.

Arrecife resolverá sobre la incapacidad de Iván. El juzgado de primera instancia número 15 de Las Palmas de Gran Canaria ha resuelto que ha de ser un juzgado de Arrecife el que conozca la demanda de juicio verbal sobre la capacidad de las personas formulada por el Gobierno canario contra Iván L. B.

Así lo establece un auto de este juzgado, difundido hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y contra el que no cabe recurso, que resuelve que, por competencia territorial, corresponde a un juzgado de instrucción de la capital lanzaroteña conocer la citada demanda.

Este joven grancanario, que sufre una discapacidad del 40 por ciento por alteración de la conducta, lo que le obliga a seguir un tratamiento psiquiátrico, estuvo acogido hasta su mayoría de edad en centros de menores de Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Sevilla tras ser declarado en desamparo.

Sin embargo, desde el pasado mes de mayo, cuando cumplió los 18 años, este joven ha optado por vivir en una caseta de campaña en el islote de La Graciosa, al norte de Lanzarote, y se ha negado a seguir cualquier régimen de internamiento, pese a la discapacidad que sufre.

La situación del chico ha alertado a las instituciones públicas y ha motivado que la Dirección General de Protección del Menor y de la Familia del Gobierno canario haya formulado contra él una demanda de juicio verbal sobre la capacidad de las personas, que fue admitida a trámite el 22 de junio por el juzgado de la capital grancanaria.