La Justicia no internará a Iván en un centro para protegerlo. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife, María Lucía Barrancos, notificó ayer un auto en el que deniega la petición de protección solicitada por la Fiscalía para el joven discapacitado que se ha instalado en las calles de la isla de La Graciosa. La juez entiende, de acuerdo con la opinión del médico forense que examinó al chico el pasado lunes, que "tiene plena capacidad para gobernarse y tomar las decisiones que conciernen a su persona y forma de vida".

En el informe de la exploración psicológica, en el que se apoya el auto, se recoge que Iván demostró que "está perfectamente ubicado en el tiempo y en el espacio, que es consciente de sus problemas de salud y de que debe tomar su medicación".

La decisión judicial, sin embargo, no deja al joven a su aire. La discapacidad psíquica del 40 %, la epilepsia y el trastorno disociativo que sufre Iván han motivado que la juez apruebe la pretensión subsidiaria solicitada por la Fiscalía, por lo que el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise deberán prestarle asistencia ambulatoria.

El auto, además, deja abierta la puerta a un posible internamiento en un centro psiquiátrico "de corta estancia", precisa, en caso de que Iván sufra "momentos puntuales de desestabilización de su enfermedad". En el caso de que esto sucediese, la medida "deberá ser convalidada judicialmente dentro de las 72 horas siguientes" a su comunicación.

Analogía penitenciaria

La juez, en la conclusión del auto, explica el motivo de su decisión: "Al igual que la sociedad entiende que no puede recluirse en los centros penitenciarios a todas las personas con riesgo de exclusión social ante la eventualidad de que puedan cometer un delito, también debe comprender que una persona, con capacidad actual de decidir sobre su persona, no puede ser recluida de forma permanente en un centro médico asistencial por el riesgo de que en momentos puntuales pueda desestabilizarse".

Barrancos también afirma que no comparte que Iván haya decidido vivir en una tienda de campaña o en la calle, por eso explica que no cree "que desde el ámbito judicial o de los poderes públicos deba imponerse a una persona, con capacidad decisoria reconocida por un profesional de la medicina, una forma de vivir por el mero hecho de que no sea la que escogería la mayor parte de la sociedad".

En este sentido, Iván comentó en su declaración que estaba bien en La Graciosa, subrayó la gratitud de los vecinos, enseñó los artículos que le habían regalado y explicó que la había elegido porque allí puede vivir libremente, es un lugar tranquilo donde la gente le quiere y en el que están dispuestos a darle un trabajo.

Por todo esto, la juez declara que iría contra los derechos fundamentales de Iván internarle en contra de su voluntad cuando ha quedado reconocida su capacidad decisoria en el examen médico.

El Ministerio Fiscal, por su parte, declaró ayer ante la notificación que la posibilidad de recurrir el auto de la juez "aún está en fase de estudio".