El subdelegado del Gobierno de Las Palmas, Luis Molina, negó ayer que la Delegación del Gobierno le hubiese dado un plazo de 48 horas al activista uruguayo José Morales para que abandonase el país. Molina asegura que el expediente de expulsión abierto a José Morales por los incidentes que tuvieron lugar el pasado 10 de febrero cuando un grupo de ciudadanos increpó al ministro de Industria, José Manuel Soria, en protesta contra las prospecciones petrolíferas frente a las aguas canarias sigue su curso ya que se encuentra en la fase de alegaciones por parte de las personas que fueron denunciadas por la policía.
El subdelegado del Gobierno desmiente que haya una "manía persecutoria" contra Morales por parte de los agentes de la Policía Nacional "aunque debe saber que se tiene que someter al imperio de la ley como cualquier otro ciudadano". Además, recuerda que Morales está también sujeto a un procedimiento judicial por atentado a la autoridad.
Un grupo de personas se concentró ayer frente a la Delegación del Gobierno en Arrecife para rechazar las medidas tomadas contra siete de los ciudadanos que participaron en la concentración contra Soria frente a la sede del PP. A estas siete personas les han llegado denuncias de la policía por supuestas faltas graves contra la seguridad ciudadana, con sanciones de 300 euros.
