Coches de lujo, apartamentos y dinero en efectivo han formado parte de la vida diaria del interventor de los ayuntamientos de Arrecife, Teguise y San Bartolomé durante la última década. Sin embargo, su tren de vida podría descarrilarse definitivamente si prosperan las acusaciones que pesan sobre él por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, cohecho y prevaricación.
La nueva operación contra la corrupción puesta en marcha en Lanzarote y Fuerteventura ha sido bautizada con el nombre de 'Montecarlo' en alusión al apellido del empresario majorero, José Montesinos y al nombre de pila del interventor, Carlos Sáenz, ambos en prisión provisional.
Montecarlo es también uno de los famosos distritos de lujo del principado de Mónaco (conocido también por sus paraísos fiscales). Se da la circunstancia que Sáenz está siendo investigado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Fuentes cercanas al caso aseguran que la Policía ha detectado en las cuentas corrientes del interventor una serie de pagos que podría estar relacionados con el cobro de comisiones. Un hecho que incluso ha llamado la atención de los investigadores por el aparente descaro de Sáenz, que ni siquiera intentó ocultar ese dinero.
Las conexiones
La operación Montecarlo investiga las actuaciones del interventor en aquellos ayuntamientos donde ha desarrollado su trabajo desde al menos el año 1994. Así, se analiza las facturas y contratos que podría haber certificado Saénz en los ayuntamientos de San Bartolomé y Arrecife en Lanzarote y en el consistorio de La Oliva en Fuerteventura donde además de interventor llegó a ostentar con antelación el cargo de secretario.
Montecarlo se suma así a los otros dos grandes casos de presunta corrupción en Lanzarote, los denominados casos Unión y Jable que estallaron a partir de mayo de 2009 y en los que están imputados medio centenar de personas, entre empresarios, funcionarios y cargos públicos. Según fuentes policiales en esta trama hay más personas implicadas, que podrían ser detenidas o llamadas a declarar como imputadas próximamente.
