La Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado que el activista uruguayo José Morales fue expulsado ayer a última hora del territorio nacional. No se han facilitado detalles sobre el trayecto que se ha llevado a cabo para repatriar a Morales a Uruguay, que fue detenido ayer en Santa Cruz de Tenerife.

Fuentes de la Delegación señalan que la expulsión forma parte del trámite normal del expediente administrativo de expulsión abierto contra él el pasado 3 de abril y que Morales tenía abiertos dos expedientes de expulsión por alteración del orden público, que es uno de los supuestos por los que se puede ordenar el abandono del territorio nacional.

Sobre Morales pesaba una orden de expulsión del país dictada hace dos semanas por la Delegación del Gobierno en Canarias a raíz del expediente que se le abrió el 3 de abril por alterar el orden público en una concentración frente a la sede del PP de Lanzarote para protestar por las prospecciones de Repsol en la visita del Ministro de Industria, José Manuel Soria. La policía impuso multas de 300 euros a otras seis personas. Todos negaron que llevaran a cabo actos violentos, y de hecho, la Policía no detuvo a nadie; y ninguna persona ni tampoco el mobiliario urbano sufrió ningún tipo de daño en aquella concentración.

A Morales ya se le abrió un expediente de expulsión tras unos incidentes durante una concentración de apoyo al pueblo saharaui en Arrecife y en la que un agente de policía de paisano sacó su pistola en medio de la calle. Ese expediente se suspendió hasta que se resuelva la denuncia por los mismos hechos que se tramita en los tribunales.

El activista uruguayo es colaborador de asociaciones de inmigrantes, sindicales y en defensa de los derechos humanos, y al inicio de este expediente consideraba que su caso puede crear un "grave precedente para poder expulsar a cualquiera" puesto que no hay sentencia firme y la expulsión se dicta por una falta administrativa no probada.

José Morales vivía en Lanzarote desde hace diez años. Tiene una hija de cinco años que vive en la Isla. Ha recibido el apoyo de numerosos colectivos sociales, de Izquierda Unida, Intersindical Canaria, la Fundación César Manrique y la Comisión insular contra las plataformas petrolíferas, integrada por el Cabildo y varios colectivos sociales. En Arrecife se ha organizado varias concentraciones de apoyo al activista uruguayo solicitando que se impida su expulsión.