El Ayuntamiento de Teguise pretende cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a unos vecinos de la capital grancanaria por una parcela en Caleta Caballo que fue expropiada por el propio consistorio para construir la plaza pública de esa localidad. El hecho podría pasar por un error administrativo, uno más en ese municipio, salvo porque el ayuntamiento ha sido condenado por los tribunales a pagar casi 300.000 euros a esos antiguos propietarios, que durante una década han intentado cobrar el precio estipulado por la expropiación forzosa.

Los hermanos López Rodríguez, residentes en Las Palmas de Gran Canaria, han recibido una notificación del Ayuntamiento de Teguise en la que les reclama el pago de la contribución del año 2012 por el solar situado en la calle Magallanes, de propiedad municipal y sobre el que está construido el único parque público de Caleta Caballo.

Aparte de sorprendidos, los antiguos dueños de los terrenos están "indignados" con los sucesivos alcaldes de Teguise. Mauricio López Rodríguez, uno de los hermanos, consideró que los responsables políticos "deben pagar con su patrimonio los errores continuados en la gestión pública". El recibo del IBI, por un total de 92,29 euros, llega después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria fallara a favor de la familia López Rodríguez y condenara al ayuntamiento a pagar el precio inicial de la expropiación forzosa y los intereses de demora. La primera sentencia contra el consistorio de Teguise es de 2008 y estipulaba el valor del suelo en 244.690 euros más un 5% de apremio de afección, por lo que los antiguos propietarios tenían que recibir 256.925 euros.

Lejos de pagar, el alcalde que impulsó esa expropiación, Juan Pedro Hernández, y sus sucesores (José Dimas Martín y Oswaldo Betancort) han ido demorando los requerimientos judiciales y ahora la deuda asciende a 300.000 euros. El plazo para el pago voluntario finaliza en este mes de junio y los antiguos propietarios anunciaron que van a solicitar la ejecución de la sentencia. Ante el quebranto que eso supone para las arcas del ayuntamiento, Mauricio cree que los responsables políticos deben responder por esa "negligencia continuada", pues el contencioso sobre esos terrenos se debió resolver de forma amistosa entre ambas partes y por mucho menos dinero del que debe pagar ahora el consistorio.

Pese a que la plaza pública de Caleta Caballo se construyó hace más de diez años, el ayuntamiento siguió cobrando el IBI a sus antiguos dueños en los años posteriores. Con la sentencia en firme que reconocía que el solar era municipal, los hermanos López Rodríguez recurrieron en 2010 y el alcalde firmó una resolución en la que se anulaban los pagos de los recibos del IBI de los años anteriores.

"O alguien está actuando de mala fe o existe una ineptitud total en ese Ayuntamiento, porque no solo no nos pagan lo que nos deben por una sentencia judicial, sino que encima nos intentan cobrar el IBI de 2012", recalcó Mauricio.