En febrero de 2009 el empresario José Antonio Castellano acudía a la Guardia Civil para denunciar que dos concejales del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, concretamente el de Hacienda y Urbanismo, José Miguel Rodríguez y el del Plan General y teniente de alcalde, Ubaldo Becerra, le habían solicitado una comisión del 20% como condición previa para que se le abonase una factura de 1,3 millones que tenía pendiente por trabajos de limpieza al consistorio. El argumento era bien sencillo: o nos pagas una comisión o no te abonamos la factura atrasada.
Una denuncia que servía a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ampliar la investigación puesta en marcha casi un año antes cuando el por entonces consejero socialista en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, puso en conocimiento de la Guardia Civil que el empresario Fernando Becerra le había ofrecido dinero a cambio de favorecer al promotor Luis Lleó en el desbloqueo de un plan parcial en Playa Blanca, paralizado por el Cabildo, para la construcción de más de 1.000 viviendas.
Los pinchazos telefónicos acordados en su momento por el titular del juzgado de instancia número 5 de Arrecife permitieron descubrir una presunta red de extorsión a empresarios, de cobro de comisiones ilegales y de todo tipo de favores políticos al margen de la ley.
Según las tesis de la UCO "la trama corrupta investigada podría haber tenido como objeto la creación de todo un sistema paralelo a través del cual, sobre la base del enriquecimiento de sus integrantes, el favorecimiento de sus intereses y de sus relaciones, se habrían adjudicado contratos, se habría empleado a trabajadores, se habrían concedido licencias al margen de todo procedimiento legalmente establecido y se habrían consentido un variado tipo de irregularidades".
Una trama que funcionaba como una estructura piramidal muy bien definida encaminada también a cobrar comisiones ilegales tanto por la adjudicación de obras al margen de la ley como por el pago de facturas pendientes con la finalidad de financiar al PIL y lucrar a los concejales implicados.
Las investigaciones de la UCO describen los bajos fondos de un ayuntamiento en la que un grupo de concejales del PIL habría estado exigiendo comisiones ilegales para la adjudicación de expedientes o como condición previa para el abono de facturas de trabajos ya prestados con la finalidad de financiar a este partido político y a la vez para lucrarse personalmente. Unas actuaciones que podrían haberse estado cometiendo desde el año 2005 al 2009.
No obstante, la investigación policial también se ha centrado en las actividades realizadas en el mismo ayuntamiento entre los años 2002 y 2005, aunque por el momento, la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Un periodo relacionado con la Operación Jable y la exalcaldesa María Isabel Déniz.
Para la Guardia Civil el principal factor de cohesión que une a los cargos y excargos públicos que están imputados en esta causa es el expresidente del Cabildo de Lanzarote y fundador del PIL Dimas Martín. Según la UCO, a pesar de estar cumpliendo una pena de cárcel (aunque en muchos periodos gozaba del tercer grado), Dimas habría tomado decisiones precisas y concretas en el Ayuntamiento de Arrecife "sobre asuntos de índole administrativo que deberían haber sido de la competencia exclusiva de los correspondientes órganos municipales".
La UCO asegura también que Dimas no sólo era el destinatario de una parte importante de las comisiones ilegales sino el que habría dado las órdenes a los cargos públicos del PIL para que forzaran a los empresarios a pagar las comisiones tanto para que se adjudicasen las obras como para el cobro de facturas atrasadas.
