Matías Curbelo, considerado como el hombre de confianza durante más de 30 años del líder del PIL y expresidente del Cabildo, Dimas Martín, ha sido una de las piezas claves de la investigación del caso Unión puesta en marcha por la Fiscalía, el Juzgado de Instancia número 5 de Arrecife y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para desentrañar la presunta trama del cobro de comisiones ilegales a empresarios lanzaroteños para la financiación del PIL y el supuesto enriquecimiento personal de muchos de sus dirigentes.

Matías Curbelo, que fue detenido y enviado a prisión provisional en la primera operación judicial y policial realizada en mayo de 2009, decidió poner fin a su silencio el 22 de julio de ese mismo año "para colaborar con la justicia y acogerse a los beneficios que le pudieran corresponder en orden a las penas que se le pudieran imponer". Curbelo volvía a cantar ante el juez en febrero de 2010 dando nuevos datos sobre las presuntas ilegalidades cometidas durante años por orden de Dimas Martín.

Según la Fiscalía de las declaraciones de Curbelo se extraen datos incriminatorios que además están corroborados por las investigaciones policiales "reflejadas documentalmente en los diversos atestados incoados con motivo de las diligencias tendentes a las averiguaciones de los ilícitos investigados, las declaraciones de otros coimputados (entre ellos los que fueran ediles del PIL en Arrecife, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez) y los documentos hallados en los distintos registros practicados y fundamentalmente en el registro domiciliario de 22 de julio en la vivienda de Matías Curbelo".

La Fiscalía reconoce que Curbelo "aportó datos concretos de otras operaciones delictivas (cohechos) en las que actuaba bajo las órdenes concretas de Dimas Martín". Gracias a las revelaciones de Curbelo, el juez procedió a la detención, entre otros, de los empresarios Eduardo Ferrer, Francisco Armas, Samuel Lemes, Jacinto Álvarez, Juan Francisco Rosa, Demetrio Rodríguez y José Luis Betancort. Todos estos empresarios están acusados por cohecho.

Matías Curbelo también acusó a la exalcalde de Arrecife, María Isabel Déniz, de haberse beneficiado, junto a Dimas, de una comisión por la adjudicación del servicio de basuras en Arrecife a la empresa Urbaser. Poco después de su primera declaración en julio de 2009, Curbelo abandonó la cárcel de Tahíche.