Giro socialista en la corrupción

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ ARRECIFE La ponencia marco aprobada el pasado domingo por el PSOE en su VIII Congreso Insular introduce un apartado sobre las medidas a adoptar en caso de que sus cargos públicos y orgánicos resulten imputados en procesos judiciales. A diferencia de la fugaz decisión del PSOE que llevó en 2009 al entonces alcalde de Arrecife, Enrique Pérez, a cesar a los siete concejales del PIL con los que mantenía un pacto de gobierno en la capital, imputados o no, en el inicio de la operación Unión, los socialistas matizan ahora su postura.


En el caso Unión, el propio Pérez Parrilla y el que fuera consejero de Educación y Cultura por el PSOE en el Cabildo Rubén Placeres fueron citados a declarar por presunta prevaricación. Pérez Parrilla no dimitió pero Placeres sí renunció y luego dio marcha atrás en su decisión. Otro socialista, el actual primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda de Arrecife, José Montelongo, está imputado en la operación Montecarlo y el pasado miércoles declaró en el juzgado de Instrucción Nº4 de Arrecife, que investiga presuntas irregularidades en contratos y facturas en esa institución y los consistorios de San Bartolomé y L a Oliva (Fuerteventura).


En el documento que marca las directrices del PSOE para los próximos cuatro años se recoge que "aquellas personas del PSOE que sean declaradas culpables después de que sean juzgados deberán dimitir de sus cargos públicos y orgánicos", para "mostrar tolerancia cero con estas conductas, a la vez que ser ejemplares y ejemplarizantes con estos casos que afectan a la credibilidad de gestión de lo público".


El secretario de Organización de PSOE y ex alcalde de Tías, José Juan Cruz, dijo ayer que "si a todos los imputados, políticos y técnicos hay que pedirles la baja, nos quedamos sin nadie". Otra cosa diferente, matizó, es que "te cojan en un claro caso de cohecho y veo lógico que tengas que irte antes de ser juzgados". Cruz estuvo imputado diez años, aunque luego le retiraron los cargos. Manuela Armas, ex presidenta del Cabildo y viceconsejera de Educación, ha quedado fuera de la denuncia contra Carlos Espino por su gestión al frente de los Centros Turísticos.