La compra por parte del Estado del 87 % de la superficie de la isla de La Graciosa en 1965 (a excepción de los núcleos residenciales de Caleta de Sebo y Pedro Barba, que pasaron a manos del Ayuntamiento de Teguise) tenía un claro objetivo: convertir al pequeño paraíso graciosero en un macroproyecto turístico.
El por entonces ministro de Turismo, Fraga Iribarne, tenía en mente la construcción de 20.000 camas turísticas dentro de los planes de expansión de España a la industria turística al igual que se estaba haciendo en la costa mediterránea. Sin embargo, la idea nunca prosperó y quedó abandonada con la llegada de la democracia.
Durante el mandato de Adolfo Suárez (1977-1981) volvió a resurgir la posibilidad construir hoteles en La Graciosa llegándose incluso a proponer la edificación de tres establecimientos turísticos. Pero en esta ocasión fue el que era alcalde de Teguise, Dimas Martín, el que lideró la oposición de la mayor parte de los gracioseros a los grandes proyectos turísticos.
La idea de Dimas era construir algo más modesto y permitir a los gracioseros beneficiarse también de la floreciente industria turística sin poner en peligro la conservación de este espacio natural. El alcalde de Teguise propuso realizar un pequeño pueblo marinero en Caleta de Sebo con no más de 120 plazas. Una idea que no fue vista con buenos ojos por el Gobierno central, que entendía que en los núcleos de población de La Graciosa sólo se podían construir viviendas para los habitantes de la isla. De hecho, la mayoría de las parcelas de Caleta de Sebo fueron donadas por el Ayuntamiento a sus vecinos para que pudieran construir viviendas para sus hijos. Casas que con los años se han ido vendiendo y que han terminado en manos de personas no originarias de La Graciosa.
La constitución en 1986 del Parque Natural del Archipiélago Chinijo (que engloba a La Graciosa y a los islotes del norte de Lanzarote) puso fin a las pretensiones de construir establecimientos turísticos en la octava isla.
Pero la prohibición de levantar hoteles y grandes complejos de apartamentos dio lugar a la picaresca de levantar una segunda planta en muchas de las viviendas para destinarla a la explotación turística. Fue el propio Ayuntamiento, gobernado por Dimas Martín, el que animó a los vecinos a levantar estos apartamentitos. Surgen así cientos de apartamentos que permiten a los gracioseros sacarse unos buenos beneficios al margen de la ley. En la actualidad el alquiler de un apartamento en La Graciosa ronda los 50 euros por día (fundamentalmente si se contrata los fines de semana).
En los últimos años se han construido pequeños conjuntos de apartamentos y muchas viviendas se dedican exclusivamente a la explotación turística.
