El Ministerio Fiscal ha dado por concluida la investigación del denominado caso Yate sin haber podido incluir como acusados a ninguno de los promotores turísticos que se beneficiaron de las licencias ilegales que otorgó el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes al que se le pide en total más de 20 años de cárcel. Y es que a pesar de los claros indicios de que Reyes cobró dinero a cambio de dar las licencias lo cierto es que los empresarios que presuntamente sobornaron al exalcalde se han librado de sentarse en el banquillo de los acusados.

El dictamen de la Fiscalía entregado al juzgado de instrucción número 2 de Arrecife es concluyente al entender que existen indicios que revelan que el origen del patrimonio que José Francisco Reyes "consiguió amasar durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, integrado por bienes y derechos de diversa índole cuyo valor asciende a la suma mínima de 1.000.000 euros en ningún caso puede estar vinculado o proviene de los ingresos conocidos del mismo, ni se justifica por los cobros que legítimamente percibió como Alcalde, sino que ha sido adquirido como consecuencia directa de su delictiva política municipal instaurada en el delictivo otorgamiento de licencias urbanísticas".

La fortuna de Reyes está ligada según la Fiscalía a la concesión de licencias ilegales para hoteles, apartamentos, planes parciales y la construcción de un puerto deportivo. El informe del fiscal asegura que Reyes actuó de forma ilegal a la hora de conceder las licencias para la construcción de hasta 17 establecimientos turísticos en Yaiza: el hotel Volcán, el Princesa Yaiza, el Papagayo Arenas, el Dream Gran Castillo, los apartamentos Iberostar La Bocayna, Iberostar Papagayo Park y Río Playa Blanca, el hotel Son Bou, Rubicón Palace, Iberostar Papagayo, un hotel de cuatro estrellas en la parcela 139 del plan parcial Montaña Roja, el hotel Hesperia Puerto Calero, el Natura Palace, un complejo turístico en la parcela 5 plan parcial Las Coloradas, los apartamentos Coloradamar y Cay Beach Papagayo.

También se le considera responsable de permitir al margen de la ley la construcción de decenas de apartamentos en el plan parcial Las Coloradas y fue clave para la concesión irregular de la licencia de obras al puerto deportivo Marina Rubicón y de l?a aprobación del plan parcial Playa Blanca.

La Fiscalía asegura que se ha logrado recabar "numerosísimos indicios y datos objetivos que ponen de relieve la práctica de conductas corruptas del imputado José Francisco Reyes y su núcleo familiar más inmediato y próximo (están acusados su mujer y sus tres hijos mayores de edad) que ha contribuido de manera decisiva en la ejecución del plan ideado para enmascarar el dinero obtenido por la concesión de las licencias e introducirlo en el circuito económico legal".

Aunque Reyes llegó a acusar a varios empresarios de haberle sobornado a cambio de dar las licencias turísticas lo cierto es que al final el exalcalde se retractó por escrito de sus acusaciones lo que impidió a la Fiscalía cerrar la trama. Además, las pesquisas elaboradas por la Policía no pudieron determinar quiénes dieron el dinero negro.