Los hoteleros calculan que el Gobierno de Canarias deja de recaudar anualmente "unos diez millones de euros" en concepto de impuestos en la Isla por la falta de ordenación en el sector de las villas turísticas, aseguró ayer la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), Susana Pérez.
La representante de la patronal hotelera estima que en Lanzarote existen "unas 2.500" viviendas que son explotadas como alojamiento turístico, la mayoría de ellas situadas en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza. El perfil económico del cliente que demanda este tipo de oferta alojativa es de un nivel "medio alto", señaló Pérez.
En opinión de la presidenta de Asolan, el hecho de que ese tipo de inmuebles opere sin una legislación que respalde su actividad, genera "una competencia desleal" en relación con la actividad turística reglada.
El consejero de Política Territorial del Ejecutivo canario, Domingo Berriel, aseveró este miércoles con motivo de su visita de trabajo a Lanzarote, que la regulación de las villas turísticas se llevará a cabo por primera vez en el archipiélago a través de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, en trámite en la cámara regional. Este nuevo marco normativo, precisó Berriel, "posibilitará la construcción de nuevas villas y la legalización de las existentes siempre y cuando sus propietarios consigan las autorizaciones previas correspondientes para su funcionamiento, como cualquier otra actividad turística alojativa, permisos que pueden provenir de los incentivos por la renovación de las plazas ya existentes". El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, puntualizó que "en el caso de La Graciosa las villas turísticas tendrán un régimen excepcional debido a sus particularidades".
La corporación insular desconoce cuántas viviendas integran el mercado residencial turístico en Lanzarote.
Una oportunidad
Tanto la presidenta de los hoteleros de Lanzarote como el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas, Fernando Fraile, consideraron que no se debe dejar escapar la oportunidad de regularizar las residencias que "cumplan con los estándares de calidad y de servicio que se recojen en el decreto de alojamiento porque se trata de un producto turístico demandado".
La ordenación urbanística y la transformación de usos residenciales en villas se recoge expresamente en los artículos 30 y 31 de la nueva ley. Se establece que los inmuebles de esta modalidad turística no deben situarse a menos de 500 metros del dominio público maritimo-terrestre.
La densidad permitida para estos inmuebles está comprendida entre 10 y 40 unidades por hectárea como mínimo y máximo, que "no excederán del 20% de la superficie total del sector de suelo urbanizable de que se trate, ni en el conjunto del término municipal, del 20% de la superficie total del suelo urbanizable turístico de todo el municipio en cuestión".
Por otro lado, el proyecto de ley contempla que "el planeamiento urbanístico, o los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, podrán delimitar en las zonas turísticas áreas en que se autorice la conversión de viviendas individualizadas y aisladas a la modalidad de villas".
