El Cabildo de Lanzarote ha presentado una demanda ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) en la que pide la suspensión cautelar del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy ,por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos frente a las aguas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

La solicitud de medida cautelar presentada por el Cabildo lanzaroteño se basa "en la clara y flagrante vulneración" por parte de la Ley española del Sector de Hidrocarburos y de los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros que otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias-1, Canarias-2, Canarias-3, Canarias-4, Canarias-5, Canarias-6, Canarias-7, Canarias-8 y Canarias-9, de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las 50 condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos".

El Cabildo recuerda en su recurso que "tarde o temprano la Ley de Hidrocarburos española será declarada contraria e incompatible con la Directiva Comunitaria e, igualmente, tarde o temprano los permisos de investigación de Canarias y la futura concesión mediante adjudicación directa, serán declaradas nulas de pleno derecho por ser contrarias al Derecho comunitario, de tal modo que ni el tiempo ni el dinero invertido por la entidad Repsol van a servir de nada".

Uno de los motivos que a juicio del Cabildo ha incumplido el Estado es el de no publicar el concurso para adjudicar las prospecciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). " La Directiva 94/22, para garantizar el principio de libre concurrencia, garantizar la adjudicación de la autorización a la mejor oferta, reducir los costes de la energía y fortalecer la competitividad económica, establece como obligaciones de los Estados Miembros la publicación en el DOUE del concurso para otorgar la autorización y de los criterios que se van a tener en cuenta a la hora de otorgarla, así como de todo cambio de las condiciones y requisitos que se haya introducido en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones y en las autorizaciones", señala el recurso ante el TS.

El Cabildo señala que el concurso sólo se publicó en el Boletín Oficial del Estado.