Luis Lleó, el promotor lanzaroteño que con su intento de soborno a Carlos Espino dio pie a la investigación del caso Unión, estaba bien relacionado dentro del ámbito judicial. Dos letrados del Tribunal Constitucional, Ángel Aguallo Avilés e Ignacio Sánchez Yllera, le prestaban servicios de asesoramiento para sus negocios, tanto desde el punto de vista fiscal para ahorrar impuestos como para otros procesos judiciales.

Según un informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Juzgado que instruye el caso, ambos letrados podrían haber cometido una incompatibilidad con su cargo, entre los años 2006 y 2008, ya que no se permite esa actividad. Ninguno de los dos pertenece ya al Constitucional pero Aguallo es, desde marzo de 2008, magistrado de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, mientras que Sánchez Yllera fue jefe de gabinete de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega en 2004 y 2005.

En el informe se destaca que, además de la incompatibilidad, "pudieran haber cometido ilícitos penales de naturaleza fiscal al realizar operaciones, tanto contables como instrumentales, que pudieran derivar en defraudación de impuestos a la Hacienda Estatal".

El análisis de la documentación del Grupo Nexar (la empresa de Lleó) y de sus correos electrónicos, ha sacado a al luz este asesoramiento, que realizaban principalmente para la sociedad Residencial Costa Roja, que pretendía construir mil viviendas en Playa Blanca en un suelo que no tenía un plan parcial en vigor, y cuyas obras paralizaron los tribunales.

La UCO considera que Aguallo es el autor intelectual de un informe que sin embargo firma el funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Pérez Royo, que iba a servir para justificar que a esa sociedad se le pudiera considerar una sociedad patrimonial y para ahorrarse casi dos millones de euros en impuestos. La sociedad se iba a liquidar y las acciones las iba adquirir la mujer de Lleó y la de su socio, aunque para ello tenían que dotarlas de algún tipo de renta, de la que carecían, para que la operación fuera creíble.

Sánchez Yllera, por su parte, parece tener una relación de amistad de con Lleó y le asesora también en diversos temas judiciales. Ambos utilizaban sus correos electrónicos del Constitucional y cobraron por sus servicios pero las facturas se enviaron a dos abogados cercanos a Lleó y a Yllera. El asesoramiento de Aguallo se concretó en 127.000 euros y el de Yllera en la reserva de una oficina en un edificio de Arrecife que no se llegó a terminar. En un correo, Lleó dice a un empleado suyo que le han dicho que destruya las facturas físicamente".