El Consejo Insular de Aguas, controlado mayoritariamente por el Cabildo y los siete ayuntamientos de Lanzarote, estima en "unos 20 millones de euros" los ingresos "ilícitos" que podría haber obtenido en los últimos quince años Club Lanzarote, promotora del Plan Parcial Montaña Roja, en Playa Blanca (Yaiza), por la venta de agua desalada. La intención del Consejo es reclamar ese dinero a Club Lanzarote. La entidad abastece a 6.249 residentes y a alrededor de una veintena de complejos hoteleros y extrahoteleros que en su conjunto suman unas 9.000 camas turísticas.
El pasado 18 de septiembre, el Consejo procedió a la incautación de los bienes hidráulicos de Club Lanzarote, la potabilizadora con capacidad para producir 4.350 metros cúbicos de agua al día, la depuradora, dos depósitos reguladores, las ocho estaciones de bombeo y unos 50 kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento del Plan Parcial Montaña Roja.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº6 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la razón al Cabildo en un auto fechado el pasado diez de octubre, en el que avala la incautación de la desaladora y el resto de instalaciones a Club Lanzarote. Así lo ha determinado la magistrada juez Sagrario Tovar de la Fe, quien asegura que "deben prevalecer en este supuesto los intereses públicos generales presentes en un servicio publico esencial como es el de abastecimiento de agua a la urbanización, por lo que no procede acceder a la medida cautelar interesada".
La representación legal de Club Lanzarote había recurrido la actuación del Consejo Insular de Aguas y solicitado la suspensión de la incautación para que se le reintegrase "la plena posesión" de todas sus instalaciones e infraestructuras.
Contra este auto cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días, a partir del siguiente a su notificación a las partes interesadas.
Esos bienes han sido puestos a disposición del Consorcio del Agua (Cabildo y ayuntamientos), entidad pública que gestiona el ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa a través de la empresa Canal Gestión Lanzarote.
El Cabildo argumentó el mes pasado la decisión de hacerse con el patrimonio de Club Lanzarote en el hecho de que esa propietaria "venía desalando y vendiendo agua a terceros durante años sin título habilitante para ello y, por tanto, sin todas las garantías que se suponen a una empresa autorizada para este cometido", aseguró el presidente insular, Pedro San Ginés, tras el despojo a Club Lanzarote de las instalaciones, acto que recurrió la promotora ante la justicia.
Según la corporación, Club Lanzarote obtuvo en 2004 autorización del Consejo Insular de Aguas para producir agua sólo para autoconsumo y no para su venta.
Según la resolución judicial, "la actuación administrativa que se ha denunciado por parte de la actora está amparada en un acto administrativo", por lo que no cabe la devolución de la instalación y tampoco "concurren los requisitos generales para acordar la medida cautelar interesada".
Regularización
San Ginés, quien también preside el Consejo y el Consorcio Insular del Agua, destacó que habida cuenta de la argumentación esgrimida por la magistrada juez en el auto, "se desprende que el Consejo Insular de Aguas tiene potestad suficiente para ejecutar una incautación como la llevada a cabo en el Plan Parcial Montaña Roja sin necesidad de obtener orden judicial alguna con anterioridad", pese a que la patronal turística Asolan había criticado que dicha actuación "no se atenía a las mínimas normales legales".
Para el presidente "el auto no deja de ser una noticia satisfactoria que esperábamos, pues pone en evidencia que este gobierno ha actuado siempre bajo las directrices de los servicios jurídicos, como no podía ser de otra manera y en defensa del interés general". Añadió que "lo importante ahora es que los 6.000 vecinos de Montaña Roja recibirán un servicio como les corresponde, en las mismas condiciones de calidad y precio que el resto de los lanzaroteños".
Canal Gestión inicia esta semana el proceso para regularizar la relación contractual con los abonados de Montaña Roja, que reciben el abastecimiento de agua potable con normalidad. Se trasladarán oficinas móviles hasta Playa Blanca para facilitar los trámites.
