El alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla (PSOE) durante el periodo en el que el consistorio abonó 19.764 euros al abogado y exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori por supuestos trabajos de asesoramiento a los concejales del PIL que formaban parte del grupo de gobierno junto a los ediles socialistas, aseguró ayer ante los magistrados de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que nunca llegó a tener conocimiento de que Batllori fuera nombrado asesor del Ayuntamiento. "No sabía que era asesor y no lo vi por el Ayuntamiento" afirmó Pérez Parrilla.

La Audiencia Provincial concluía ayer en Arrecife la tercera sesión del juicio que se sigue contra Batllori, el fundador del PIL, Dimas Martín, la exconcejala de Personal de Arrecife Luisa Blanco, la exconsejera delegada de la empresa pública del agua, Inalsa, Plácida Guerra y el exgerente de Inalsa Rafael Elorrieta por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude por presuntamente favorecer económicamente a Rodríguez Batllori a costa del dinero público de Inalsa y Arrecife entre marzo de 2008 y abril de 2009 a cambio de las gestiones en favor de Dimas Martín para que lograra el tercer grado penitenciario dado que cumplía una condena por malversación de caudales públicas durante su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise.

La secretaria del Ayuntamiento de Arrecife Asenet Padrón durante la época en la que se realizaron los pagos a Batllori coincidió también con Pérez Parrilla en que no le constaba que existiese ningún contrato de asesoramiento en favor del exviceconsejero de Justicia. Padrón negó también que existiese un documento en el Ayuntamiento sobre los supuestos trabajos de Batllori, a la vez que reiteró que los contratos verbales estaban expresamente prohibidos por la ley. De la misma forma, la técnico contable del Departamento de Intervención de Arrecife, Carmen Villaverde y la técnico de Recursos Humanos, Pilar Machín, avalaron la tesis del exalcalde al no tener conocimiento de ningún informe sobre la contratación de Batllori.

El actual alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo también acudió ayer al juzgado en calidad de testigo para dejar constancia de que no existe ningún contrato en el consistorio por el que se nombrara a Batllori como asesor municipal. De hecho, el Ayuntamiento se ha personado en esta causa como acusación particular para reclamar a los acusados el dinero presuntamente defraudado a las arcas municipales.

Según la tesis de la Fiscalía el acuerdo verbal con Batllori "se hizo al margen de cualquier expediente administrativo con la total omisión de las normas esenciales que regulan los procedimientos de contratación pública, sin análisis alguno de la justificación y necesidad de dicha contratación y obviando, a conciencia, la utilidad de interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa, despreciando por completo los principios de la buena administración", señala en su escrito.

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía reclama para los acusados penas que van desde los cinco a los ocho años de cárcel, menos para el concejal de Hacienda para el que pide un año de cárcel al haber confesado los hechos y devolver el dinero presuntamente defraudado al Ayuntamiento.

A pesar de que el exalcalde de Arrecife dijo desconocer la existencia de un contrato como asesor de Batllori, Pérez Parrilla reconoció que el concejal de Hacienda tenía delegada su firma para afrontar determinados pagos y que los concejales tenían autonomía de decisión dentro de sus áreas. Y es que los abogados de las defensas tratan de demostrar que los pagos a Batllori no necesitaban ningún tipo de expediente administrativo sino que bastaban con la firma del edil de Hacienda y del interventor municipal, tal y como tenían las facturas.

Una de las cuestiones que se pretende dilucidar en el juicio es si los pagos a Batllori rebasan las cantidades que marca la ley para un contrato menor, es decir, si se necesitaba o no la realización de un expediente administrativo para poder efectuar los pagos conforme a la normativa.

En ninguna de las facturas existe reparos del interventor municipal, Carlos Sáenz (imputado también en otra de las piezas del Caso Unión). Los abogados de las defensas descartaron ayer a última hora su presencia como testigo por lo que no fue llamado a declarar. Está constatado que al menos tres de las facturas presentadas por Rodríguez Batllori presentan una serie de tachones con rotulador modificando la fecha de emisión de las mismas.

Una de las concejales del PIL de Arrecife durante el periodo en el que Batllori asesoró presuntamente a su grupo político, Emilia Perdomo (que ocupaba el área de Asuntos Sociales) dijo que en ningún momento solicitó el asesoramiento externo, a la vez que destacó que no había asistido a la reunión entre sus compañeros y Batllori en una cafetería de Arrecife porque se encontraba de viaje. "Nadie me dijo que iba a ser asesor en el Ayuntamiento aunque una vez Batllori me llamó por teléfono para ofrecerme sus servicios aunque le dije que no", indicó.

No obstante, Perdomo si confirmó que su compañera Luisa Blanco sí le dijo que Batllori le estaba asesorando en el documento de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

El juicio continuará el próximo 18 de noviembre en la sede de la Audiencia en Las Palmas de Gran Canaria con la declaración de nuevos testigos.