La Proposición No de Ley (PNL) que ha sido consensuada por todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias propondrá que en la próxima modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias se reconozca a La Graciosa como a la octava isla habitada del Archipiélago canario. "Que en la proyectada reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que se tramita en la Cámara, quede clara la existencia de La Graciosa como isla habitada, sin perjuicio de su adscripción administrativa a Lanzarote", reza uno de los apartados de la PNL que se debatirá esta semana en el Parlamento de Canarias.
En el actual Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 2, se refleja que "el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma comprende el Archipiélago Canario, integrado por las siete islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por las islas de Alegranza, La Graciosa, Lobos y Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, agregados administrativamente a Lanzarote, salvo la de Lobos, que lo está a Fuerteventura".
El objetivo de los promotores de la campaña La Graciosa, la Octava Isla, es que el Estatuto les diferencie del resto de islotes, aunque sin poner en duda que administrativamente seguirán perteneciendo a Lanzarote.
En la misma PNL se insta al Gobierno de Canarias a que colabore con el Cabildo de Lanzarote y con el Ayuntamiento de Teguise para la conformación de una "pedanía" en la isla de La Graciosa, entidad local menor sin personalidad jurídica, adscrita al municipio de Teguise. Los gracioseros son conscientes de que con una población que no supera los 800 vecinos censados no pueden aspirar a tener un municipio propio, aunque creen que es posible tener mayor autonomía.
La PNL pide que se promueva, a su vez, con el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise el funcionamiento del Consejo de Ciudadanía de La Graciosa como una herramienta estable de participación ciudadana, necesaria para la gestión conjunta, entre colectivos e instituciones. A su vez se pedirá al Gobierno de España que ante una modificación de la Ley de racionalización de la Administración Local, introduzca como supuesto singular de entidad local menor con personalidad jurídica el de una isla habitada.
