La Fiscalía de Arrecife pide que se aparte al juez que investiga el robo de autos del Caso Unión. A principios del año pasado, el primer juez instructor de este caso, César Romero Pamparacuatro, denunció en los Juzgados de Arrecife el robo o desaparición de más de veinte autos originales. Los que aparecían en el sumario sólo tenían la firma del entonces secretario, José Ramón Vera, que admitió que los había imprimido, firmado e incorporado a la causa con posterioridad. Pamparacuatro sostiene que elaboró y firmó esos autos (de detenciones, de prisión o de libertad de varios imputados), y tras negarse a firmarlos, denunció su desaparición.
La denuncia cayó en el Juzgado número 3 de Arrecife, cuyo titular es Rafael Lis. Unos meses después de esa denuncia, la mujer de Lis, Margarita Alejo, que es abogada, asumió la defensa del conocido empresario Juan Francisco Rosa en el caso de la bodega Stratvs. Rosa está imputado en Stratvs y en Unión y algunas de las pruebas encontradas en el sumario de Unión se incorporaron al de Stratvs. Pamparacuatro recusó al juez Lis porque considera que ese vínculo puede afectar a la imparcialidad de la instrucción, y la Fiscalía de Arrecife no sólo apoya esa recusación y pide que se aparte al juez Lis sino que cree que hay base suficiente para dudar de la imparcialidad del juez Lis.
Eso es lo que dice en un informe del pasado mes de noviembre la fiscal Yolanda López. En primer lugar, recuerda que la investigación sobre los autos podría tener consecuencias, efectos jurídicos, sobre el caso Unión, en el que está imputado el cliente de la mujer de Lis. Se podría llegar a determinar la nulidad de algunas actuaciones, como ya ocurrió en el mismo caso con los autos de entrada y registro de las oficinas del empresario Luis Lleó, en los que aparecía el nombre de otro imputado y que se anularon, y con ello se dio carpetazo a dos investigaciones de la UCO, una sobre dos miembros del Consejo General del Poder Judicial que asesoraban a Lleó y otra sobre irregularidades en CajaCanarias.
La fiscal dice que hay "sospechas fundadas de la ausencia de imparcialidad" de Lis, que dictó el secreto de las actuaciones en el mes de junio de 2014 pero que no ha ordenado ninguna diligencia de investigación, ni siquiera la toma de declaración del denunciante del caso.
