La jueza instructora del "caso Stratvs" ha concluido la investigación sobre las supuestas irregularidades en la construcción y explotación de la bodega que da nombre a la causa y aprecia indicios de delitos en su propietario, Juan Francisco Rosa, en su empresa BTL Lanzarote y en otros 16 imputados.
En un auto hecho público este lunes, la jueza solicita al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa, que en un plazo de 20 días, debido a la complejidad de la misma, formulen sus escritos de acusación para la solicitud de apertura de juicio oral o de sobreseimiento del proceso penal como procedimiento abreviado. Según la instructora, Juan Francisco Rosa, aún siendo conocedor de que era imposible una nueva construcción para ubicar un negocio de restauración, museo, tienda y bodega en el paisaje protegido de La Geria, se concertó con el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, para llevar a cabo el proyecto.
La jueza señala que, para ello, se alteraron "la realidad" con "total desprecio por la normativa urbanística y protectora del patrimonio histórico y medio ambiente" y, además, "se prevalieron de las influencias política que fueran necesarias". La instructora, Silvia Muñoz, aprecia en el caso del principal imputado, el empresario Juan Francisco Rosa, indicios de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, contra el patrimonio histórico y el medio ambiente, contra la administración pública, el patrimonio y el orden socioeconómico en su modalidad de usurpación y hurto, estafa y falsedad documental.
Al arquitecto Armas Matallana le considera que podría ser autor de delitos de falsedad documental, así como contra la ordenación del territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico y usurpación, según el auto. Entre los imputados figuran también el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes, a quien atribuye supuestamente un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación, así como la alcaldesa del citado municipio Gladys Acuña, como supuesta autora de delitos de prevaricación, uno de ellos medioambiental, concejales de la citada corporación municipal y técnicos del Cabildo y Gobierno canario. Así mismo, en la causa que se inició en 2009, se imputa al exdirector general de Urbanismo del Ejecutivo regional César Muñoz y al exjefe de servicio de Ordenación Urbanística del Gobierno canario Faustino García Márquez, posibles delitos de prevaricación urbanística.
La jueza entiende que en el caso de la sociedad BTL Lanzarote, S.L., esta podría haber cometido un delito contra la ordenación del territorio a partir del 23 de diciembre de 2010 y la sitúa como posible responsable civil subsidiaria. Esta empresa es la titular de la explotación de "Stratvs" y, según el auto, se han acreditado que hay indicios de la obtención de unos ingresos mínimos de 1 millón de euros anuales con el funcionamiento de las actividades realizadas en el citado complejo. Además de la bodega, en el recinto construido supuestamente de forma irregular existía un restaurante, una tienda, un museo y en él se organizaban diversos tipos de eventos.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife decretó en diciembre de 2013 el cierre cautelar de la bodega Stratvs.
