Los empresarios alicantinos Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, propietarios del polémico hotel Papagayo Arena, situado en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, están en prisión incondicional (sin fianza) desde el pasado uno de julio por desviar a entidades de Suiza y Andorra, presuntamente, alrededor de 125 millones de euros de créditos concedidos por Bancaja para inversiones hoteleras del grupo Grand Coral, en el Caribe mexicano.
El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González acusó a Ferri y Baldó de los delitos de administración desleal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. De esos mismos cargos fueron imputados tras su detención por la Guardia Civil tres exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia, entre ellos José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana, Bancaja y Banco de Valencia. Tras declarar ante el juez quedaron en libertad con cargos, pero tendrán que presentarse en los juzgados cada quince días, en el caso de Olivas, y una vez al mes el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, según informó en su momento Efe.
Ferri y Baldó pasaron tres días en la cárcel en diciembre de 2013 por inversiones en Méjico, pero por préstamos dados por la CAM. Salieron en libertad tras pagar una fianza de siete millones de euros.
La investigación de la 'Operación Coral' comenzó en 2014 a raíz de una denuncia presentada por Bankia, que consideraba que podrían existir irregularidades derivadas de las operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja, banco integrado en Bankia en 2010 junto a otras seis entidades, para inversiones inmobiliarias en el Caribe mejicano entre los años 2005 y 2009. Sin embargo, el dinero, supuestamente, tuvo otra finalidad.
Un establecimiento ilegal
Ferri y Baldó son socios en la cadena Sandos Hotels & Resorts, marca bajo la que opera el Papagayo Arena, un establecimiento de cuatro estrellas con las licencias de proyecto básico concedida en el año 1998 y de proyecto de ejecución en 2000 por el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes y anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2007.
El Cabildo de Lanzarote recurrió el permiso otorgado por Reyes tras constatar que el mismo incumplía la programación del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOT) de 1991 para el Plan Parcial Las Coloradas, en el que se ubica el Papagayo Arena. La licencia aprobada en su día a Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia y Transferida después a Papagayo Arena SL, autorizaba un hotel de 747 plazas, lo que, según alegó el Cabildo, superaba por sí sola la programación total aplicable para el citado plan parcial (292) y cuadriplicaba el límite del 50% (146) establecido por tratarse de un plan parcial no adaptado.
En relación a la revisión del Plan Insular del año 2000, en la que se aprobó la moratoria turística para el decenio 2000-2010, se fijó un máximo de 1.000 plazas para el plan parcial Las Coloradas, del cual solo podía desarrollarse el 25% (250). La licencia del hotel era de 747 plazas. Otros de los incumplimientos son el exceso en la altura y el número de plantas, los retranqueos de los linderos y la invasión de un vial peatonal entre dos parcelas de acceso a la playa de Las Coloradas o de Afe.
La sociedad Papagayo Arena S.L. recurrió ante la justicia el pasado diciembre la aprobación del Plan General de Yaiza por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en julio de 2014, aunque el documento entró en vigor en diciembre. Entre las peticiones estaba anular el acceso peatonal hacia la playa. Es uno de los más de veinte recursos que ha recibido el plan. Fuentes del Papagayo Arena aseguraron que el ingreso en prisión de Ferri y Baldó, "no tiene repercusión en el funcionamiento diario del hotel" y añadieron que "los trámites de legalización del establecimiento están en curso".
