La exsecretaria ha estado dos años recabando pruebas e informes, también del propio Ayuntamiento, para demostrar que los motivos por los que fue cesada no eran los reales. En el texto que elaboró tras obtener la primera sentencia favorable señalaba lo siguiente: "Se actuó sin negligencia, en tiempo y forma, y que en aquellos días, además de cuanto ya demanda de por sí este Ayuntamiento y en los que se atendieron cuatro sesiones plenarias y numerosas comisiones informativas, además, se encontraban abiertas unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, por las cuales, casi a diario, y con apercibimientos personales si no se contestaba en el plazo, se pedía documentación a la Secretaría debiendo dar prioridad a aquello que posteriormente derivó en el caso Montecarlo". En ese caso, del que no se ha vuelto a saber nada desde hace más de dos años y que instruye el Juzgado número 4 de Arrecife sigue imputado el actual alcalde en la pieza relacionada con la empresa Inelcon. Saúl García
