La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El TSJC anula el cese de la exsecretaria de Arrecife

El Tribunal considera que el entonces alcalde no podía destituir a la secretaria por falta de confianza porque no se trata de un puesto de confianza

En el año 2011 la Fiscalía se encontraba impulsando el llamado caso Montecarlo, aunque entonces aún no había trascendido el nombre. El caso, convertido hoy en cinco piezas separadas, tiene que ver con varios expedientes de empresas que trabajaban con el Ayuntamiento de Arrecife y los dudosos pagos que se hacían a estas empresas. El fiscal reclamaba casi cada día documentación de esos expedientes a la entonces secretaria accidental del Ayuntamiento, Asenet Padrón, bajo apercibimiento de responsabilidades penales si no lo hacía.

Padrón denunció por esas fechas que el entonces alcalde, ya fallecido, Cándido Reguera (PP), la concejal Nayra Callero, del mismo partido y el hoy alcalde y entonces teniente de alcalde gracias al pacto PP-PSOE, José Montelongo, habían entrado junto con un abogado en su despacho el 29 de diciembre durante su ausencia y sin su permiso, y que después de esa visita faltaban algunos papeles relacionados con un expediente solicitado por la Fiscalía.

Los papeles finalmente se encontraban en casa del alcalde, y allí fue a recuperarlos la secretaria. Un mes y medio después, esos tres ediles dieron una rueda de prensa en la que anunciaron el cese de la secretaria por falta de confianza y por falta de diligencia al tramitar un expediente. El entonces alcalde señaló que "no llevaba los expedientes ni el trabajo con la diligencia debida". A Padrón la acusaron de no informar al abogado del Ayuntamiento con el tiempo suficiente para que el Ayuntamiento se defendiera de un pleito millonario en el que una empresa, Parque de la Vega, reclamaba una indemnización de casi cien millones de euros.

Padrón, que hoy trabaja en el departamento de responsabilidades patrimoniales, recurrió esa decisión, ganó en primera instancia pero el Ayuntamiento recurrió, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le acaba de dar la razón de nuevo, anulando el decreto del alcalde por el que fue cesada.

El TSJC dice que el cargo de la Secretaría no es "un puesto basado en la confianza política, donde no se van a realizar encargos personales del presidente de la Corporación" y que es "necesario garantizar su independencia". La secretaria ejercía como secretaria accidental, ya que la plaza no se ha vuelto a cubrir desde hace diez años y la decisión de nombrarla o cesarla es una facultad del alcalde. Sin embargo, a pesar de esa discrecionalidad, según el TSJC, la decisión "tiene que estar motivada con la finalidad de impedir un ejercicio arbitrario de las potestades de autoorganización de la administración, no siendo suficiente, contra lo que entiende el Ayuntamiento de Arrecife, la mera cita de preceptos legales". Añade el fallo que es necesario conocer las razones "que hayan llevado a la Corporación a revocar el nombramiento para permitir un posterior control jurisdiccional de las razones del cese".

Así pues, ahora el alcalde tendrá que volver a colocar en el puesto a la secretaria, algo improbable, o simplemente volver a redactar otro decreto de cese argumentando los motivos. Con el paso del tiempo, las explicaciones que se dieron para el cese se han ido desmontando. La contestación a la demanda para hacer frente a la reclamación millonaria se presentó nueve meses después de la destitución de la secretaria, así que había tiempo suficiente. De hecho, ese pleito se ganó y el Ayuntamiento no tendrá que pagar esos cien millones.

En un escrito enviado por la funcionaria a la Junta de personal, explicaba que el procedimiento al que se refirió el entonces alcalde corresponde a una reclamación de la empresa Parque de La Vega contra la Comisión de valoraciones de Canarias, que es un órgano que depende del Gobierno. La funcionaria municipal decía que el pleito no era un procedimiento contra el Ayuntamiento, sino que se comunicó al Ayuntamiento que se podía personar, y que todos los trámites se hicieron correctamente.

En ese escrito revelaba, frente a las acusaciones del grupo de gobierno para justificar su cese, que en noviembre de 2011 se había solicitado presupuesto al abogado que se había indicado desde la Alcaldía y que un mes después se le entregó todo el expediente del caso pero que antes de eso ya se había enviado la personación.

Además pedía que se informara a los trabajadores municipales de los verdaderos motivos del cese, ya que en su momento se le había informado falsamente y que en el futuro "este tipo de conductas abusivas ni se produzcan ni se toleren" porque se le atribuyó una responsabilidad que nunca existió.

Compartir el artículo

stats