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Tribunales

San Ginés incautó la desaladora con un "informe verbal" del secretario

El presidente del Cabildo declara como imputado por coacciones y prevaricación por confiscar la planta de Montaña Roja

San Ginés incautó la desaladora con un "informe verbal" del secretario

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), declaró ayer como imputado en el Juzgado número 2 de Arrecife, por la denuncia que le interpuso la sociedad Club Lanzarote por ordenar el pasado mes de septiembre la incautación de su planta desaladaora en Playa Blanca (Yaiza) que abastece a 6.000 personas. A San Ginés se le acusa de un delito de prevaricación y otro de coacciones. Durante su declaración, que duró cuatro horas porque se tuvo que repetir al fallar los sistemas de grabación, el presidente alegó que tomó esa decisión basándonde en el asesoramiento verbal de su asesor jurídico externo, el abogado Ignacio Calatayud, y del secretario de la Corporación, Francisco Perdomo. San Ginés dijo que el secretario "le confirmó que podía adoptarse esa medida cautelar y que se podía llevar a cabo sin autorización judicial, que era lo que al declarante le generaba dudas, por tratarse de un bien de dominio público", según recoge el acta de la declaración a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP. San Ginés afirmó que es frecuente el aseoramietro verbal en muchas de sus decisiones diarias "sobre todo cuando no es preceptivo el informe escrito".

Durante la declaración, no obstante, se le mostró un informe y se le preguntó si de su lectura no se deriva la necesida de un infome jurídico previo para adoptar la medida que adoptó. Contesta que contó con un informe jurídico verbal y que luego fue ratifcado por escrito. La planta desaladora se inacautó sin informe escrito aunque posteriormete Ignacio Calatayud redactó uno, que fue suscrito por el secretario del Cabildo, en el que sostiene que para llevar a cabo la incautación no hacía falta informe escrito. Según San Ginés, la medida no se tomó de forma percipitada "sino más bien algunos organismos habían indicado que existía inacción, que se corrigió".

San Ginés no contestó a las preguntas de la empresa denuncinate ni de la abogada de Podemos, que ejerce la acusación popular. En un moemnto de la declaración también afirmó que la medida de la incautación estaba "amparada legalmente", aunque el pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la anuló, a instancias de Club Lanzarote, obligando al Cabildo a devolver la planta, hecho que aún no se ha producido. El presidente alegó que han hecho una consulta al Juzgado porque la ejecución de esa sentencia podría llevar o al desabastecimiento si se clasura o a seguir permitiendo la venta ilegal de agua.

También señaló que no recuerda quién fue el técnico que redactó la resolución para incautar la planta, si fue su asesor jurídico, el secretario del Cabildo, el gerente del Consejo insular de aguas o los tres. El ya ex gerente del Consejo, José Juan Hernández Duchemín, que también declaró ayer como imputado, aseguró que él n fue consultado sobre las medida cautelares que debían adoptarse.

San Ginés justificó la necesidad de la medida en el expediente sancionador abierto contra Club Lanzarote, que a su vez se derivaba de seis requirimientos del Diputado del Coimún "desde hacía más de dos años instando al Consorcio a que interviniera porque la empresa vendía agua a terceros sin permiso". Dijo que se habían impuesto multas a la empresa pero que estas multas no impedían que se siguiera vendiendo el agua y por eso, y por la negativa de la empresa a ceder la planta de forma pacífica, optó por confiscar la planta y las tuberías. Señaló que esta fue la solución "menos gravosa" ya que la otra opción era la de clausurar la planta pero de esa forma se dejaría sin abastecimiento a toda la urbanización. Además, afirmó que la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, en 2013, había requerido al Consej insular de aguas para que actuara sobre esa situación.

Durante la mañana de ayer, además de San Ginés y de Hernández Duchemín, que se desvinculó de la decisión de la incautación y q ue ya no es gerente del Consejo insular de aguas, declaró también como imputado el gerente del Consorcio insular del agua, Domingo Pérez Callero. Ninguno contestó a las preguntas de las acusaciones.- Callero dijo que él no dio la orden de entrar a la fuerza a la planta.

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