El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), ha ratificado este martes ante el juez la denuncia que presentó contra la empresa Club Lanzarote y sus representantes, responsables de la planta desaladora y la infraestructura hidráulica que fueron incautadas por la corporación insular el año pasado en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.
San Ginés ha explicado que la denuncia se ha presentado siguiendo las recomendaciones del instructor del expediente sancionador abierto en su día a Club Lanzarote, para poner en conocimiento de la Justicia "la posible comisión de hasta cuatro delitos: contra el medio ambiente, contra la salud pública, contra la agencia tributaria y de estafa a los consumidores".
"Respecto a los posibles delitos contra el medio ambiente, se ha dictado por el juez incoar diligencias previas, mientras que, con respecto al fraude tributario, el juez ha derivado el asunto a la Agencia Tributaria, para que sea quien investigue la denuncia", ha precisado el presidente del Cabildo.
En cuanto a la posible estafa a los consumidores, San Ginés ha subrayado que hoy ha entregado al juez facturas de lo que se estaba cobrando a los usuarios "con unas tarifas que no habían sido aprobadas por nadie" y ha recordado que existen informes técnicos que acreditan la existencia de "vertidos clandestinos en la parte trasera" de las instalaciones incautadas.
También ha apuntado que la propuesta de resolución del instructor del expediente sancionador ratifica "de la A la Z" las tesis de la presidencia del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas.
El presidente del Cabildo declaró el pasado viernes en calidad de imputado durante cerca de tres horas ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife por la incautación sin orden judicial de esa desaladora, a raíz de una querella de Club Lanzarote.
Además de San Ginés, comparecieron como imputados los gerentes del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero, respectivamente.
La declaración del presidente y de los dos funcionarios se produce después de que el pasado 23 de junio la sección sexta de la Audiencia Provincial ordenara tramitar la querella presentada en su contra por la empresa Club Lanzarote, propietaria de la planta al apreciar los magistrados indicios de delitos en la incautación de la desaladora.
Aunque en una primera instancia la querella fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, la Audiencia anuló esa decisión y ordenó su tramitación para investigar los hechos denunciados por Club Lanzarote.
