El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, volvió a visitar el Juzgado número 2 de Arrecife por el caso de la desaladora de Montaña Roja (Playa Blanca) que pertenece a la empresa Club Lanzarote y cuya incautación ordenó el pasado mes de septiembre. El viernes lo hizo como imputado por la querella que le puso la empresa y ayer lo hizo como denunciante. San Ginés ratificó ante el juez su denuncia por cuatro delitos y el Juzgado ha abierto diligencias solamente por uno: por un posible delito contra el medio ambiente por los vertidos al subsuelo de la estación depuradora de aguas que hay en esa urbanización del Sur de la Isla. Esos vertidos, según el presidente, que no precisó en qué fecha se tomaron las muestras, "ya están corregidos".
Después de pasar por el Juzgado, San Ginés dio una rueda de prensa para explicar los pormenores de la denuncia. El expediente sancionador tramitado por el Cabildo propone su remisión a Fiscalía, la clausura de la planta potabilizadora y depuradora y la devolución de los ingresos obtenidos por vender agua a terceros sin autorización desde el año 1999 (que ascienden a 35 millones de euros).
Con ese expediente, San Ginés acudió a la Policía Nacional a interponer una denuncia por cuatro delitos y el juez Jerónimo Alonso sólo ha observado indicios de uno. En cuanto a los otros tres, o no están suficientemente justificados o en caso de que los hechos fueran así, no ve delito. El juez recomienda, respecto al posible fraude a la Agencia Tributaria, que se pongan los hechos en conocimiento de Hacienda. El Cabildo, por su parte, ha recurrido el archivo del delito de estafa a los consumidores.
El presidente del Cabildo señaló ayer que no se contempla el cierre de la planta puesto que hay que garantizar el abastecimiento de los 6.000 residentes de la zona y de los turistas y actualmente la red de Canal Gestión no llega hasta esa urbanización por lo que tanto la planta desaladora como las tuberías son necesarias para garantizar el abastecimiento. De hecho, las obras para alcanzar la red hasta Montaña Roja están paralizadas como medida cautelar solicitada por los promotores del plan parcial. "No entra en mis expectativas clausurar la planta porque iría en contra de las razones que motivaron la incautación".
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias obligó al Cabildo el pasado mes de julio a devolver a Club Lanzarote tanto la planta desaladora como las tuberías porque la incautación se llevó a cabo sin orden judicial. San Ginés señaló ayer que se ha hecho una consulta al Tribunal porque si se devuelve la planta se estaría permitiendo que se siguiera vendiendo agua sin autorización y sin tarifas aprobadas. También se ha comunicado la apertura de estas diligencias penales.
San Ginés anunció que el Cabildo celebrará un pleno extraordinario para tratar sobre este asunto exclusivamente en los primeros días de septiembre.
En la Isla hay más de cincuenta plantas desaladoras privadas y depuradoras. El presidente del Cabildo no supo concretar durante su comparecencia si el Consejo insular de aguas está haciendo o va a hacer una campaña para inspeccionar si todas las depuradoras vierten de forma correcta o para conocer la situación legal de las desaladoras, ya que la mayoría, aunque se dedican al autoabastecimiento, se encuentran en situación irregular. Señaló solamente que "esa es la obligación del Consejo" y apuntó que la única desaladora que vendía agua a terceros es la de Montaña Roja.
Sobre su imputación por la incautación, afirmó que se hizo sin informe previo porque no era preceptivo y que incluso así lo consideró también la Fiscalía, ya que la planta no tendría la consideración de domicilio, que es el requisito por el que sí se necesitaría esa autorización judicial. Preguntado sobre si ahora volvería a confiscar la planta mediante el mismo procedimiento contestó que "con los elementos de juicio que tenía sí lo hubiera hecho de la misma manera pero si el TSJC dice que se debía haber esperado a tener autorización judicial , parece obvio que se debió hacer de otra manera".
Durante su comparecencia ante el juez como imputado la pasada semana, San Ginés y los gerentes del Consejo insular de aguas y del Consorcio apuntaron al secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, y al letrado y asesor externo, Ignacio Calatayud, como las personas que lo asesoraron verbalmente para la incautación. El juez le preguntó si Calatayud también trabaja para Canal Gestión, que es la empresa beneficiada con la confiscación de la planta, y el presidente contestó que no lo sabía. Ayer volvió a señalar que no tiene nada más que añadir y que no sabe si su asesor, que además es amigo personal desde hace años, trabaja también asesorando a la empresa de aguas madrileña que gestiona el ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote.
