Eduardo Murillo, propietario del suelo en la urbanización La Bufona de Arrecife donde se encuentran construidas varias viviendas ilegalizables desde el año 2000, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas para demandar "que se aplique la misma justicia para todos", y que según indica Murillo, "estarían incurriendo en la misma actitud desafiante que se achaca a Josefa Hernández". El propietario de dicho suelo, que ya ha solicitado en varias ocasiones la demolición de estas casa, explica que "lejos de reparar el daño causado, al construir en una zona protegida, no solo no han demolido sus construcciones ilegales, sino que han continuado ampliándo, además de añadir piscinas sobre un suelo rústico protegido".

Murillo advierte que, "ante la alarma social suscitada por la percepción por parte de la ciudadanía, de la existencia de una justicia implacable para unos y totalmente ausente para otros" ha decidido reclamar la intervención de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, para evitar que se continúe cometiendo "un aparente delito de prevaricación administrativa y se inste a los máximos responsables de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, a ejecutar las resoluciones firmes de demolición que afectan a dichas viviendas".

El propietario del suelo informa de que los propietarios de dichas casas han seguido construyendo en el lugar durante varios años, después de adquirir sus viviendas en el año 2000. "A pesar de existir un proceso penal y administrativo por infracción urbanística muy grave desde dicho año y que finalmente ha motivado resoluciones de demolición de sus viviendas", señala.

Murillo ha detallado que entre las propietarias de dichas viviendas se encuentra Astrid Pérez, presidenta de los populares en Lanzarote, y que según ha informado, también posee una resolución firme de demolición emitida por la APMUN, la cual "no ha sido recurrida por una diputada regional y abogada de profesión".