La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias se ha dirigido a la Gerencia Regional del Catastro para solicitar la inscripción catastral de los terrenos que fueron expropiados para la duplicación de las carreteras LZ-2 (Arrecife-Aeropuerto) y la circunvalación de Arrecife. En el primero de los casos lo hace dos décadas después de que se produjera la expropiación.
El Gobierno nunca había registrado a su nombre los terrenos que le correspondían al Servicio de Carreteras por la ejecución del plan parcial La Bufona, en Arrecife. En ese plan parcial, ahora anulado por los tribunales, nunca se llegaron a ejecutar los accesos, y se entra por la urbanización El Cable.
Las irregularidades no terminan ahí, porque esos terrenos, que ocupan casi 9.000 metros cuadrados, quedaron a nombre de la promotora Brisa Inversiones, que, a su vez, se los vendió a una cadena de supermercados. Esta cadena quiso desarrollar el año pasado un centro comercial en ese suelo y le denegaron el permiso porque los terrenos son, en parte, propiedad del propio Gobierno.
Los promotores de la urbanización se enfrentan penas de cuatro años de cárcel, en una vista que se celebrará el próximo mes de noviembre, por ocupar terrenos de la familia Murillo para construir 52 viviendas unifamiliares, alguna de las cuales también ocupa suelo rústico y tiene orden de derribo.
Según señala el denunciante del caso, Gonzalo Murillo, "esto podría tener connotaciones penales" ya que implicaría que se ha comerciado con bienes que son dominio público, pero también podría tener una repercusión en la jurisdicción civil, puesto que "los terceros compradores de las ilegales viviendas de La Bufona quedarían sin la cobertura del Registro de la Propiedad, al convertirse en nula la agrupación de fincas que dio lugar a la finca registral 22.481 de la promotora Brisa Inversiones, debido a que esta finca registral incluiría dominio público propiedad de la Comunidad Canaria", al igual que podrían anularse todas las segregaciones posteriores.
En La Bufona hay 52 viviendas fuera de ordenación ya que la Justicia anuló la modificación del plan parcial inicial del año 1981. Catorce de estas casas tiene una orden de derribo parcial por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para eliminar algunas partes de las viviendas que se asientan sobre suelo rústico de protección territorial. La Justicia acaba de ordenar que se investigue por qué no se han ejecutado esas órdenes de demolición. La promotora de las viviendas, por otra parte, ha señalado en sede judicial que no se responsabiliza de la ampliación de esas viviendas y señala a los compradores como los responsables de haberlas ejecutado.
