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Puerto de Arrecife Una Autoridad propia

Rumbo a la independencia portuaria

El estudio de viabilidad para crear la Autoridad Portuaria de Lanzarote sigue los pasos de las segregaciones de las de Avilés en Asturias y de Motril en Granada

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Los promotores de la independencia del puerto de Arrecife de la Autoridad Portuaria de Las Palmas tienen dos claras referencias para conseguir su objetivo: la creación de las dos últimas autoridades portuarias en España la de Avilés (1996) en Asturias y la de Motril (2005) en Granada. Los dos últimos casos fueron tramitados por el Estado con el consenso de los dos principales partidos políticos (PP y PSOE) que permitió allanar el camino hacia las segregaciones de las autoridades portuarias de Almería en el caso de Motril y de la de Gijón en el de Avilés.

La hoja de ruta que se ha marcado la Cámara de Comercio de Lanzarote, promotora de la segregación portuaria, pasa por contar en primer lugar con el respaldo de las instituciones públicas de la isla y en segunda instancia por el consenso de todos los partidos políticos y de manera especial de las dos grandes fuerzas en el Congreso de los Diputados, PP y PSOE, para alcanzar esta meta en el menor tiempo posible.

¿Y qué pasos habría que seguir? El primero sería la redacción de una propuesta de creación de la Autoridad Portuaria de Lanzarote, debidamente justificada sobre todo en cuanto a su rentabilidad económica y volumen de tráfico, y concitar en torno a ella un amplísimo consenso público y privado. El segundo apartado sería redactar una Proposición no de Ley de creación de la Autoridad Portuaria de Lanzarote.

Según el estudio de viabilidad realizado por la Cámara "lo ideal sería que fuese firmada y presentada al menos por el PP y el PSOE a fin de garantizar su admisión a trámite por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados y su posterior e inmediato debate y aprobación en la Comisión de Fomento del Congreso, entre otras formalidades tendentes a garantizar el éxito de la iniciativa en la presente legislatura", indica el estudio.

En el caso de Motril, José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno de España. La Proposición no de Ley se presentó por el grupo Parlamentario Socialista, fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados el 5 de octubre de 2004, se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 17 de noviembre, y una semana después, el 24 de noviembre, la Comisión de Fomento y Vivienda aprobó la Proposición no de Ley sobre la creación de la Autoridad Portuaria de Motril, con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la que se solicitaba que se creara "en el menor tiempo posible y antes de que finalice el 2005, tal y como sucedió.

Los promotores resaltan que para la segregación no se necesita ningún tipo de informe de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por lo que no temen el bloqueo desde este órgano. "La Autoridad Portuaria de Lanzarote la propondría el propio Ministerio de Fomento, previo informe (no vinculante) de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la aprobación previa del ministro de Administraciones Públicas, y tras deliberación del Consejo de Ministros", destaca el informe.

La forma a utilizar sería un Real Decreto, que es una norma jurídica con rango de reglamento que emana del Gobierno. Para el caso de Lanzarote y a semejanza de Avilés y Motril, el citado Real Decreto contendría, entre otros, los siguientes aspectos: La extinción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas; La sustitución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por dos nuevas Autoridades Portuarias, la Autoridad Portuaria de Gran Canaria-Fuerteventura y la Autoridad Portuaria de Lanzarote, mientras que la administración, gestión y explotación de los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, Salinetas, Arinaga y Puerto del Rosario se llevará a cabo por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la de Arrecife por la de Lanzarote.

Otro aspecto importante sería el del patrimonio, dado que las dos nuevas autoridades portuarias sucederían a la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la titularidad de su patrimonio y de las relaciones jurídicas de las que fuera titular, Otros aspectos serían los bienes de dominio público afectados, el personal y la segregación de los estados financieros.

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