La aventura de la incautación por parte del Cabildo de Lanzarote de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote en Montaña Roja (Playa Blanca) ha llegado a su fin. El Cabildo tendrá que devolver en los próximos días la infraestructura incautada hace poco más de un año a sus propietarios. El Juzgado de lo contencioso administrativo número seis de Las Palmas comunicó esta misma semana que desestima el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Consejo Insular de Aguas.
Es el penúltimo capítulo de una batalla judicial que ha ido perdiendo el Cabildo desde su inicio. En julio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenaba al Cabildo que devolviera la desaladora, la depuradora y las tuberías incautadas a la promotora. El Cabildo había intentado retrasar esa devolución a la espera de poder terminar las obras que van a permitir que llegue la red de gua hasta ese plan parcial y poder así abastecer a cerca de 6.000 vecinos con la producción de agua de Canal Gestión, pero el Juzgado admitió la paralización cautelar de esas obras a instancias de Club Lanzarote. El Cabildo destaca que pretende desbloquear esas obras "de inmediato". Con la devolución de la planta convertida ya en una obligación, el Cabildo destacaba ayer que "cumplirá, como no podría ser de otra forma, con el imperativo judicial ordenado de restituir a la promotora las plantas aunque éstas sigan realizando el citado suministro ilegal, no autorizado y a precios abusivos, porque de lo contrario se produciría el desabasteciendo a los vecinos, cosa que pretendemos evitar a toda costa".
Después de un año de contactos infructuosos y de verse las caras en los tribunales, el Cabildo ha convocado a la empresa a una reunión que se celebrará el próximo martes con el objetivo de llegar a un acuerdo para traspasar de nuevo la desaladora. San Ginés señalaba ayer que la prioridad será "garantizar el abastecimiento y suministro de agua a los vecinos de Montaña Roja y eso es lo que hemos hecho hasta la fecha y haremos". El Cabildo señalaba su extrañeza por el hecho de que "hasta la fecha se estuviera vendiendo agua de forma ilegal, no autorizada por ningún organismo y a precios abusivos, muy por encima de los aplicados para el resto de ciudadanos, tal y como ha venido advirtiendo insistentemente la Dirección General de Comercio y el Diputado del Común, y no ha sido cuestionado por ningún Juzgado".
Pedro San Ginés decidió incautar la planta desaladora y posteriormente ceder el servicio a Canal Gestión Lanzarote, tras iniciar un expediente sancionador que hablaba del cierre o la clausura pero no de la incautación. Esta medida, sin apoyarse en una orden judicial, se reflejó en un informe del asesor externo Ignacio Calatayud y fue refrendada una vez que ya se había producido por el secretario de la Corporación, Francisco Perdomo.
Club Lanzarote denunció los hechos por la vía penal haciendo responsables de la incautación tanto al presidente como a los gerentes del Consorcio insular del Agua, Domingo Pérez, y del Consejo insular de aguas, José Juan Hernández Duchemín. En ese procedimiento ya están imputados también el secretario del Cabildo y el asesor jurídico Ignacio Calatayud, que tendrán que declarar el próximo 23 de octubre.
San Ginés también denunció a la sociedad Club Lanzarote por vender agua sin permiso y por una serie de vertidos.
