La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado por segunda vez la recusación del juez del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, Rafael Lis Estévez en un procedimiento relacionado con el caso Unión. La Fiscalía considera que existen "sospechas fundadas sobre la ausencia de imparcialidad objetiva del juez instructor" y que su instrucción "adolece de un sesgo claro a favor del denunciante y ha sido llevada a cabo a espaldas tanto del Ministerio Fiscal como de los propios denunciados". Lis fue uno de los cinco magistrados que aspiraron el pasado año a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sustitución de José Ramón Navarro Miranda.
Hay que recordar que el primer juez instructor de Unión, César Romero Pamparacuatro, denunció en el Juzgado la sustracción o extravío de una veintena de resoluciones judiciales del caso de corrupción más importante de Lanzarote. Esa denuncia la comenzó a instruir Lis, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, y permitió que se personaran en ese procedimiento como perjudicados varios imputados del caso Unión, entre los que estaba Juan Francisco Rosa.
Pamparacuatro entonces solicitó la recusación a principios de noviembre del año pasado, apoyada después por la Fiscalía, porque la esposa de Lis, Margarita Alejo, era la abogada de Rosa en otro caso, el caso de la Bodega Stratvs. Lis se tenía que haber apartado del caso pero no lo hizo.
Denuncia a la UCO
Según la Fiscalía, Lis "no atendió al mandato legal que le imponía el artículo 61 de La Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque sencillamente no se apartó de la instrucción como le era obligado". Lo que hizo fue extraer de ese procedimiento una ampliación de denuncia que había registrado Luis Lleó (uno de los principales imputados de Unión, que se enfrenta a la petición de seis años de cárcel por cohecho) en unas nuevas diligencias previas, que según la Fiscalía, deberían ser nulas porque nacen "de una decisión judicial prohibida por imperativo legal". Lleó denunciaba por falsedad en documento público e infidelidad en la custodia de documentos a dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que instruyeron el caso Unión y al que fue secretario del Juzgado número 5 de Arrecife, José Ramón Vera.
Lis hizo eso, según la Fiscalía, para que "ese escrito de ampliación de denuncia inicial no estuviese afectado de la posible causa de recusación". "Nos encontraríamos ante la vulneración de un precepto legal para instruir un procedimiento paralelo a espaldas de las partes y en beneficio y clara toma de postura de uno de los denunciantes", señala la fiscal.
Las irregularidades no acaban ahí. El juez incoa diligencias previas con esa ampliación de denuncia el 12 de enero de este año pero no notifica este hecho a las partes hasta finales de marzo, a pesar de que no había decretado secreto de sumario. El secretario de su Juzgado reconoce en un escrito que el auto está en la mesa del juez "a la espera de la resolución a adoptar".
Aunque oficialmente a Lleó no le informa de que ha abierto diligencias con su denuncia, el empresario conocía que existía ese procedimiento porque dirige tres escritos entre el 19 de enero y el 27 de febrero, que el juez le admite, a pesar de que Lleó ni siquiera estaba personado en el procedimiento como acusación particular.
Cuando la Fiscalía recibe la notificación solicita el archivo de la causa, pero Lis no contesta ese escrito. Lo que sí hace es trasladárselo a Lleó para que haga las alegaciones. A los denunciados, sin embargo, no se les informa de esa petición de la Fiscalía. La Fiscalía señala sobre Lis que la percepción "de toma de postura en beneficio directo o indirecto del denunciante se agiganta si repasamos detenidamente el íter procesal de las diligencias previas", y añade que " el instructor ha tomado una clara postura de instruir el procedimiento obviando a todas las partes, menos a una, el denunciante Lleó".
