El titular del Juzgado número 3 de Arrecife, Rafael Lis, que admitió a trámite una denuncia de Luis Lleó contra dos agentes de la Guardia Civil que instruyeron el caso Unión y contra el secretario del Juzgado número 5, José Ramón Vera, por falsedad e infidelidad en la custodia en documento público, ordenó, entre las diligencias solicitadas por el empresario lanzaroteño, que se comprobara la autenticidad de un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas que no fue favorable para Lleó. Este empresario está acusado por un presunto delito de cohecho y una pena de seis años de cárcel por el soborno al exconsejero socialista en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino para que desbloqueara la construcción de un proyecto para unas 1.000 viviendas en Playa Blanca.
Lis, en un auto del pasado 21 de septiembre, acepta que se revisen hasta 42 hechos distintos, como órdenes de detención, autos o pinchazos telefónicos del caso Unión, ya que Lleó cuestiona la autenticidad de más de cien documentos. Pide que se hagan periciales forenses para comprobar su autenticidad y que se investigue a los agentes de la Guardia Civil.
El magistrado, que ha sido recusado por la Fiscalía por no llevar una instrucción imparcial en esta denuncia, afirma en uno de sus autos que "la presunción de veracidad de la fe pública judicial y de numerosos documentos que conforman las diligencias policiales realizadas por agentes de la autoridad quedan abiertamente cuestionadas" y que hay "indicios sólidos" de que el secretario hubiera podido falsificar la firma del juez y que los agentes manipularan sistemáticamente los documentos policiales.
La presunta falsedad de los autos y de las grabaciones del caso Unión, sin embargo, ya fue resuelta en el Juzgado número 5 de Arrecife y por parte de la Audiencia provincial que no vieron indicios de que fueran manipuladas. La Policía Científica emitió un informe que concluía que los autos se elaboraron en la fecha en que se debían elaborar y dio por buenas las grabaciones.
La Fiscalía de Las Palmas contesta a Lis, en un escrito en el que pide la nulidad de la investigación y le acusa de no ser parcial, que Lleó, que se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel por cohecho, intenta revisar resoluciones judiciales imputando delitos sin principios de pruebas sólidos y destaca que lo que pide Lis "es un fraude al pensamiento lógico" porque "no cabe articular un procedimiento penal para investigar otro procedimiento penal. El Ministerio Público destaca que "seguir este modo de razonar es inaudito y roza los límites de lo grosero". "No es razonable -dice la Fiscalía-, ante resoluciones judiciales que aparecen firmadas por el juez, secretario judicial y con el "visto" del Ministerio Fiscal fecha y firma a puño y letra del fiscal firmante, ordenar una pericial que desborda los límites de la pertinencia". Desde la Fiscalía se critica que el juez instructor conceda esas diligencias de investigación "sin fundamento" y llega a calificar la "visión del instructor" como "grotesca" y como una "clara distorsión procesal".
