El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió el pasado junio un expediente disciplinario al titular del Juzgado Nº 3 de Arrecife, Rafael Lis Estévez, por una falta de desatención o retraso injustificado al mantener parali- zadas unas diligencias previas durante algo más de dos años. El expediente podría concluir con la sanción de una falta leve, grave o muy grave.
La denuncia que no ha tramitado el juez y por la que se le abre el expediente está dirigida por alzamiento de bienes contra el empresario Luis Lleó, uno de los principales imputados del caso Unión. Hay que recordar que hace sólo unos días se conocía que la Fiscalía de Las Palmas pedía a este juez que se apartara de una investigación iniciada por una denuncia de Lleó contra el exsecretario judicial y dos agentes de la UCO que tramitaron el caso Unión. Con esta estrategia, Lleó pretende retrasar o revisar el juicio en el que se enfrenta a seis años de cárcel por soborno.
La Fiscalía, en un escrito muy duro, acusaba al juez Lis de falta de imparcialidad y le decía que su instrucción "adolece de un sesgo claro a favor del denunciante (de Lleó) y ha sido llevada a cabo a espaldas tanto del Ministerio Fiscal como de los propios denunciados". Es más, el Ministerio Público acusaba al magistrado de haber incumplido el mandato de apartarse de la causa, de la que ya había sido recusado anteriormente y de haber extraído la denuncia de Lleó para poder tramitarla como un caso aparte: "Nos encontraríamos ante la vulneración de un precepto legal para instruir un procedimiento paralelo a espaldas de las partes y en beneficio y clara toma de postura de uno de los denunciantes", decía la Fiscalía. Es la segunda vez en pocos meses que se conocen indicios de parcialidad en el trato entre este juez y Luis Lleó.
Este expediente disciplinario está relacionado con tres denuncias contra Lleó interpuestas entre 2010 y 2011. La última diligencia que se practicó fue en abril de 2013, tres meses antes de que Lis asumiera la titularidad del juzgado. Lo único que ha hecho el juez en estos dos últimos años es solicitar en junio de este año, coincidiendo con la inspección del Consejo, una tasación sobre el perjuicio causado a los denunciantes por el presunto delito de Lleó y de sus sociedades Inversiones Puerto Naos y Parcelaciones Ajey, entre otras. Hasta entonces no había llevado a cabo ni una sola diligencia "a pesar de que la denunciante presentó numerosos escritos solicitando impulso procesal y realizando múltiples llamadas al juzgado solicitando que se active su procedimiento, comunicándoles que los delitos pueden prescribir, siendo su respuesta que "el expediente está en la mesa de su señoría", según recoge el expediente.
Sin argumento convincente
El CGPJ pidió información al juez, que respondió que no tenía "a la vista el alarde del Juzgado" y que iba "tomando conocimiento de los asuntos en trámite del Juzga-do a medida que se iban descubriendo e inmediatamente reactivándolos". La respuesta no convence al Consejo, que pidió un informe a su servicio de inspección para comprobar la carga de trabajo en el juzgado. Ese informe revela que la entrada de asuntos a ese juzgado es menor que la prevista por el CGPJ. Es decir, que se trata de un juzgado que no está saturado. En 2013 entraron el 55% de los asuntos previstos, en 2014 el 57% y en 2015 el 45%, y a pesar de este dato "la dedicación no supera el índice de resolución previsto dada la entrada de asuntos que soporta" y que el rendimiento del juez no supera el indicador de resolución, que no supera ningún año la resolución del 83 por ciento de los asuntos que recibe. Su nivel de casos pendientes es de 383 asuntos, inferior a la media de los órganos de igual clase, tanto nacionales, autonómicos, provinciales o insulares, que tienen más asuntos por resolver: entre 471 y 621. Por otra parte, el tiempo medio de respuesta es bueno, superior incluso al resto de Juzgados de Arrecife.
El expediente concluye que la denuncia ha sufrido una paralización de más de dos años y que las explicaciones del juez "no justifican por sí solas una demora ta significativa", a lo que hay que sumar que la situación y evolución del juzgado "tampoco parece que sea la causa determinante del retraso".
