Ubaldo Becerra, el ex concejal de Arrecife por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) para el que la Fiscalía pide 17 años de cárcel en una de las principales piezas del caso Unión, se ha sumado a la lista de arrepentidos. De los 14 procesados en el caso que investiga las comisiones ilegales que se cobraban en el Ayuntamiento de Arrecife, ya son seis los que han reconocido los hechos y han comenzado a devolver el dinero defraudado.
Becerra, que ejerció como concejal de Urbanismo, Parques y Jardines, está acusado de asociación ilícita, cohecho e inducción al cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación, fraude a la Administración, información privilegiada y malversación de caudales públicos y se enfrenta a la misma pena que el líder histórico del PIL, Dimas Martín, que es el único de los cuatro acusados de pertenecer a una asociación ilícita que no ha reconocido los hechos de los que se le acusa. Al exconcejal del PIL le impusieron una fianza de más de 600.000 euros, de los cuales 400.000 son de multa. Ahora ha pagado 11.000 euros, que es la quinta parte del perjuicio causado, y también se le ha embargado su vivienda para cubrir la responsabilidad civil.
En un escrito reciente, Becerra recuerda que reconoció los hechos delictivos desde el primer momento, cuando se le detuvo en mayo de 2009 y dice que fue "el primero en reconocerlos" y "quien únicamente desde el primer momento se puso a disposición de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos". Gracias a su confesión se pudo implicar a otros concejales y conocer las comisiones que pagaron algunos empresarios.
Becerra señala que su actuación sirvió "para desentramar los hechos perseguidos y que el resto de imputados le siguieran posteriormente en esa conducta". Llega a decir que fue "el impulsor del descubrimiento de los hechos facilitando la identidad de los de los intervinientes en los hechos investigados", y destaca que aportó datos y documentos.
El ex concejal echa la culpa de su situación actual a su anterior abogado, al que acusa de inactividad, y por ese motivo dice que no compareció en el Juzgado a ratificar su declaración inicial y tampoco abonó las responsabilidades civiles, y muestra su arrepentimiento y su deseo de seguir colaborando. Fue esa inactividad la que le impidió "involuntariamente culminar la colaboración emprendida con los tribunales para el esclarecimiento de los hechos y la reparación de los daños".
Atenuar la pena
El exconcejal pide que se le atenúe la pena especialmente en lo referente a la malversación de caudales públicos, donde solicita una reducción mayor que la que se pide para José Miguel Rodríguez.
La instrucción de esta pieza terminó en mayo de este año, cuando se abrió juicio oral. La Fiscalía presentó su escrito de acusación en el mes de junio, en el que se reflejaban penas bajas de cárcel para los cinco acusados que habían reconocido los hechos: el ex concejal José Miguel Rodríguez, el tesorero del PIL Matías Curbelo y los empresarios Antonio Ruiz, Jesús Manuel Martín Brito y Manuel Reina Fabre. La petición de pena para ellos era mucho menor que la del resto, entre uno y cuatro años. Mientras que a Becerra le solicitaban 17 años, a Rodríguez, por los mismos hechos le pedían cuatro años y siete meses porque se le tenían en cuenta los atenuantes de reparación del daño, colaboración y confesión.
En julio, Becerra cambió de abogado y de táctica. En estos meses ha devuelto parte del dinero defraudado y ahora asume como ciertos todos los hechos relatados por la Fiscalía en su escrito de acusación. Solicita, por ello, que se le apliquen los atenuantes como al resto de acusados "que reconocieron los hechos con posterioridad".
Becerra era uno de los dos concejales que se encargaban, según la Fiscalía, de adoptar las decisiones administrativas que habrían forzado a los empresarios al pago de comisiones, como el retraso en las órdenes de pago, la concesión de una licencia, el fraccionamiento de contratos o el pago de facturas falsas o con precios inflados. Intervino en los expedientes relacionados entre otras, con la empresa Hercasa, a la que se le exigían 100.000 euros de comisión y con La Palmita que pagó 20.000 euros.
