Quince años después de que se construyeran y vendieran un total de 52 chalés en el plan parcial de La Bufona de Arrecife comenzaba a celebrarse ayer en los juzgados de la capital lanzaroteña un juicio para determinar si los promotores de esta urbanización, el arquitecto Federico Echevarría y el constructor, Antonio Caro son culpables de un delito contra la ordenación del territorio y hacer caso omiso a un precinto de la Agencia de Protección de la Naturaleza para paralizar este proyecto.
"Es el proyecto más legal que se ha hecho en toda la historia de Lanzarote". El arquitecto Federico Echevarría dejaba claro ayer durante la primera sesión del juicio en el juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife que la construción de estos chalés se hizo conforme a la legalidad. Echevarría formaba parte (junto al delineante del Ayuntamiento de Arrecife, Francisco Carmona, fallecido durante la instrucción de la causa, y Antonio Caro) de la Sociedad Brisas Inversiones que fue la encargada de iniciar las obras de la urbanización de La Bufona a finales de 1995.
Un juicio que trata de determinar si los promotores invadieron para la construcción de los chalés una franja de terreno rústico de protección especial para el paso de jable que, según la acusación particular, pertenecía además a otros propietarios, concretamente a la familia Murillo que fue la denunciante de estos hechos en 1999.
El Ministerio Fiscal pide 4 años de prisión para los promotores Antonio Caro y Federico Echevarría, asi como a la demolición de las zonas de las viviendas ilegalmente construidas (fundamentalmente las piscinas y solanas). Por su parte, la acusación particular pide 15 años de prisión para los dos acusados al añadir los delitos de falsedad en documento público y estafa. Además, reclaman que los acusados, conjunta y solidariamente, estén obligados a la demolición de las obras ilegalmente construidas y a la reposición de la realidad física alterada.
Una de las claves del juicio, que continúa hoy, está en la construcción de un muro que rodea a las viviendas y en cuyos terrenos los propietarios construyeron piscinas, terrazas y jardines. Es precisamente, parte de esos terrenos los que podrían estar situados en suelo rústico. Según las mediciones del Seprona son al menos 14 metros los que invaden la zona protegida recogida en el Plan de Ordenación del Territorio de Lanzarote.
El constructor Antonio Caro responsabilizó a los propietarios de las viviendas de haber construido por su cuenta las piscinas. Más gráfico fue Echevarría que aseguró que en ese terreno "los propietarios hicieron lo que les dio la gana". Además, responsabilizaron a los técnicos municipales de haberles permitido construir ese muro porque según ellos se evitaba que se creara un basurero en la zona.
Los tres propietarios que declararon ayer reconocieron que fueron ellos los que construyeron las piscinas aunque insistieron en que desconocían que ese suelo tuviese algún tipo de protección. "Cuando compramos ya estaba el muro y teníamos un hueco excavado para la piscina", indicó una de las compradoras que afirmó que se enteró por los medios de comunicación años después de la denuncia.
