En julio de 2000 la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) de Canarias ordenaba la paralización de las obras del plan parcial de La Bufona. Sin embargo ni el Ayuntamiento de Arrecife, ni los promotores ni los propietarios de los chalés afectados se dieron por enterados de este precinto. Los promotores aseguran que las obras ya estaban terminadas cuando se dictó la orden de la Apmun por lo que no tenía efefto ninguno mientras que los propietarios de las viviendas mantienen que nadie les informó de ningún tipo de paralización hasta el punto que realizaron por su cuenta las obras de la piscina.
La exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz reconoció ayer durante el juicio que se sigue contra los promotores del plan parcial de La Bufona que fue la propia Agencia de Protección del Medio Urbano de Canarias la que se subrogó las competencias para hacer efectivo el precinto de las obras de construcción de los chales por la invasión de suelo rústico de protección especial para el paso de jable ante la inactividad municipal. No obstante, Déniz indicó que cuando asumió la alcaldía en septiembre de 2000 ya se ha había producido la intervención de la Apmun dado que el precinto se ordenó en julio de ese año, meses antes de tomar posesión.
Según la exalcaldesa, transcurrido 15 días desde que se notificó al Ayuntamiento la orden del precinto y dado que el consistorio no contestaba fue la Agencia de Protección la que se subrogó las competecias.
"A partir de ahí nosotros (el ayuntamiento) ya no podía hacer nada", indicó Déniz que ayer fue a declarar en calidad de testigo. La exalcaldesa, que fue concejal de Urbanismo entre los años 1995 y 1996 (periodo durante el cual se dieron las primeras licencias de construcción en La Bufona y se aprobó la modificación puntual del plan parcial para aumentar el número de viviendas) aseguró que todas las licencias que se concedieron durante su etapa en el ayuntamiento se dieron con todos los informes técnicos favorables.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han reconocido durante el juicio la falta de colaboración del Ayuntamiento de Arrecife para atender a sus peticiones después de que tuvieron que elaborar dos atestados en octubre y noviembre de 1999 tras la denuncia interpuesta por la familia Murillo contra los promotores de La Bufona por la supuesta usurpación de terrenos en la construcción de los chalés. La denuncia se refiere concretamente a la zona donde actualmente se encuentran los jardines y las piscinas de estas viviendas, sobre las que pesa una orden de demolición, que puede ser recurrida, por estar en suelo rústico.
