La Audiencia de Las Palmas juzgará la próxima semana al exedil de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife José Miguel Rodríguez (PIL), al interventor Carlos Sáenz y al exjefe de la oficina técnica municipal Carlos Arrocha, por pagar facturas falsas de servicios que nunca se prestaron a un empresario, también procesado.
En este procedimiento, una de las causas del "caso Unión", la Fiscalía sostiene que los cuatro imputados idearon un plan mediante el cual presentaron 14 facturas falsas al Ayuntamiento para realizar servicios de iluminación y electricidad en diferentes fiestas que nunca se prestaron y por las que se abonaron 349.159 euros a la empresa en la que José Daniel Hernández figuraba como administrador único, entre 2008 y 2009.
Los acusados, que serán juzgados los días 23 y 24 de noviembre en los juzgados de Arrecife, se enfrentan a penas de 6 años de prisión, aunque que en el caso del empresario José Daniel Hernández, el tiempo de prisión que se pide es de 5 años y 6 meses, como presuntos autores de delitos de falsificación de documentos públicos, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Así mismo, la acusación pública reclama la inhabilitación por un periodo de 10 años para todos ellos, salvo al empresario, y que indemnicen los cuatro al Ayuntamiento con el pago de la cantidad malversada.
El exedil de Hacienda también figura como imputado en otras piezas del "caso Unión", al igual que el exjefe de la oficina técnica municipal, mientras que el interventor Carlos Sáenz, que estuvo en prisión provisional por el "caso Montecarlo", también está pendiente de ser juzgado.
Servicios sin ejecutar
Los acusados, según el Ministerio Público, sabían que los servicios ofrecidos por la empresa Proyectos y Servicios de Lanzarote 2008 SL nunca se iban a ejecutar, por lo que de manera ficticia procedían a su adjudicación directa o contrato menor tanto a la citada compañía como al empresario acusado.
Además, los cuatro eran "plenamente conscientes" de que, por la cuantía de los servicios, no cabía legalmente la adjudicación directa al exceder del límite legal de los 18.000 euros, pero tampoco justificaban la necesidad de contratar externamente esos trabajo y la consiguiente contratación pública de forma que "se enmascarase el verdadero fin pretendido", añade la acusación.
Así mismo, según el fiscal, tampoco tramitaron para ello ningún expediente administrativo de contratación legalmente exigible que garantizase la transparencia, objetividad, igualdad, concurrencia y legalidad en su adjudicación, por lo que "soslayaron íntegramente" la normativa administrativa que regula el abono de obligaciones contraídas por el Ayuntamiento conforme a las bases de ejecución del presupuesto municipal.
El fiscal señala a José Miguel Rodríguez como autor de delitos continuados de prevaricación, de fraude y malversación, mientras que al interventor y al exjefe de la oficina técnica los considera autores de fraude y cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación. La Fiscalía apunta al empresario como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil, inductor del delito de prevaricación y cooperador necesario de los delitos de fraude y malversación.
Rodríguez ya fue condenado por pagar trabajos no realizados a Rodríguez Batllori a un año de cárcel por malversación y prevaricación, tras reconocer los hechos.
