La Fiscalía de Las Palmas y la acusación particular en el caso de La Bufona, que quedó ayer visto para sentencia después de cuatro sesiones y la declaración de casi cuarenta testigos, solicitaron en su alegato final la demolición de las viviendas construidas en el plan parcial. El fiscal sólo se refiere, en un principio, a las 14 viviendas que se encuentran parcialmente sobre suelo rústico de protección ecológica, mientras que la acusación, que representa a la familia Murillo, propietarios de algunos terrenos que consideran ocupados por los dos acusados, los promotores Federico Echevarría y Antonio Caro, pide el derribo de las 53 casas que están en el plan parcial, anulado por el Tribunal Supremo.
La defensa de los acusados solicita la absolución y considera que los delitos han prescrito y que además no se han logrado probar ninguno de los cuatro de los que se acusa a sus representados: un delito contra la ordenación del territorio por la ocupación de suelo rústico, un delito de desobediencia por no paralizar las obras tras decretarse su suspensión, dos delitos de estafa por vender un suelo que no les pertenecía a terceros y, finalmente uno de falsedad documental por las certificaciones de obra y otros documentos relacionados con las viviendas. La defensa sostiene que el suelo es urbano porque así lo califica el Plan Insular de Ordenación y que no se desobedeció la orden de paralizar las obras porque todas las obras estaban ya terminadas cuando la dictó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).
Por su parte, la acusación mantiene su petición de 11 y 15 años de cárcel, mientras que el fiscal rebajó su solicitud de pena de cuatro años de cárcel a un año y nueve meses por dilaciones indebidas y aplicarles el antiguo Código Penal.
La Fiscalía destacó en su alegato final que las obras de las viviendas se habían empezado antes de que se concedieran las licencias y sostuvo que este caso es uno más en el que se evidencia que los controles de la Administración local, durante los años de la burbuja inmobiliaria, no funcionaron. Esa línea, pero mucho más dura, fue la que mantuvo la acusación particular. La letrada Irma Ferrer aseguró que la urbanización no se pudo haber hecho con tantas irregularidades sin la connivencia del Ayuntamiento de Arrecife y aseguró que faltaban más personas sentadas en el banquillo, tal y como ha ocurrido en otros casos de corrupción urbanística en Lanzarote, donde se ha juzgado o se va a juzgar a alcaldes y técnicos municipales. Durante la instrucción de este caso estuvieron imputados la ex alcaldesa Isabel Déniz y el ex secretario municipal Felipe Fernández Camero, imputados ambos ahora en el caso Unión.
Durante la última jornada de este juicio declararon una decena de peritos. La declaración más destacada fue la de Susana Díaz, trabajadora de la Apmun y que realizó dos informes sobre las irregularidades de la urbanización. Díaz señaló que no se hicieron ni las cesiones obligatorias al ayuntamiento ni se llevaron a cabo las cesiones obligatorias al Ayuntamiento ni aparecen los viales ni los aparcamientos ni las zonas verdes previstas.
Más casas de las planificadas
Díaz destacó que se planificaron 30 casas y se ejecutaron 53, y que en la modificación del plan parcial que se tramitó, lo único que se aprobó fue el cambio de tipología de las casas, de unifamiliares a viviendas en hilera, pero no el número, y que en todo caso, se acabaron ejecutando viviendas unifamiliares.
También dijo que el certificado final de obra está tachado y donde ponía "definitivo" se escribió "parcial". Otra irregularidad es que en el Regsitro no se menciona la cédula de habitabilidad de las casas, que es necesaria para poder inscribirlas y que ninguna vivienda podía haber conseguido esa cédula porque no estaba terminada la urbanización. De hecho, señaló que toda la urbanización estaba sobre suelo urbanizable, no urbano, porque primero se tenía que haber recepcionado la urbanización.
Otro testimonio destacado fue el Pedro Cáceres, aparejador de la Cotmac, ya jubilado, que en marzo de 2000, poco después de que se denunciaran los hechos, realizó un informe que decía que las obras incumplían el plan parcial y la Ley del Suelo. Durante su intervención en el juicio declaró que ordenó a la Apmun que certificara esas irregularidades y solicitó que se revisara de oficio la modificación del plan parcial. "A partir de ahí al director general lo separaron de su cargo y a mí me apartaron totalmente", señaló. "Me apartaron por este informe", reiteró.
