El caso Proselan está visto para sentencia. La última jornada de la vista oral se inició ayer con la declaración de dos peritos y terminó con las conclusiones de las acusaciones y las defensas. El Ministerio Fiscal anunció que rebaja la solicitud de pena para el ex concejal de Hacienda y Urbanismo de Arrecife José Miguel Rodríguez (PIL) de los seis años que pedía inicialmente a un año y cuatro meses. Rodríguez se ha mostrado conforme con esa petición. De la misma forma, mantiene los seis años de cárcel para el actual interventor del Ayuntamiento de Arrecife.
La sección sexta de la Audiencia provincial de Las Palmas deberá decidir si los 300.000 euros que el Ayuntamiento pagó en 2009 a Proselan por trabajos de montaje y desmontaje de las luces para decorar las fiestas de los barrios y para los carnavales se ajustan a la legalidas o si por el contrario, como sostiene la Fiscalía, los trabajos ni siquiera se realizaron y los cuatro acusados se pusieron de acuerdo para malversar esa cantidad.
Rodríguez antes del juicio había reintegrado 2.400 euros como muestra de su arrepentimiento y su voluntad de devolver el dinero, y durante el juicio confesó los hechos. Es la tercera confesión de Rodríguez y el tercer caso en que devuelve el dinero. Rodríguez, que es trabajador del Cabildo de Lanzarote, fue edil de Arrecife entre 2007 y mayo de 2009, cuando fue detenido por primera vez. Está imputado en dos piezas del caso Montecarlo y en otra del caso Unión, donde también ha reconocido los hechos y ha devuelto 9.000 euros y por la que le piden casi cinco años de cárcel. Por el caso de las facturas falsas de de Rodríguez Batllori, ya fue condenado a un año de cárcel, aplicándole el atenuante de colaboración con la Justicia, porque también devolvió casi 20.000 euros del dinero malversado.
La Fiscalía solicita una pena seis años de cárcel para el actual interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, que continúa en su puesto de trabajo y para el ex jefe de la Oficina técnica, Rafael Arrocha por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude. Los dos funcionarios están imputados en otros procedimientos. Sáenz lo está en tres piezas de la operación Montecarlo por la que estuvo once meses en prisión provisional y Arrocha en dos piezas del caso Unión. El otro acusado es el propietario de la empresa de electricidad Proselan, José Daniel Hernández Arráez, para quien la Fiscalía solicita una pena de cinco años y cuatro meses.
En sus conclusiones, el fiscal Ignacio Stampa destacó que "paradójicamente la iluminación de Arrecife es uno de los puntos más oscuros de este ayuntamiento". Señaló que no hay una sola prueba que demuestre que los trabajos se llevaron a cabo y tildó el plan como "cutre", afirmando que no hubo fiscalización alguna y que nadie se responsabiliza de la supuesta recepción de los trabajos. Acusó al interventor de tener un registro de facturas ilegal para que las facturas no pasaran por el registro general, y criticó al Ayuntamiento de Arrecife porque, a pesar de que actúa como acusación particular solicitando al devolución del dinero, aún no ha iniciado en el propio Ayuntamiento el expediente de reintegro del dinero malversado.
Excepto la defensa de Rodríguez, que acepta la petición de pena de la Fiscalía, las otras tres argumentan que no hay pruebas de la connivencia entre los acusados, que los trabajos se llevaron a cabo y que se traba de obras y no servicios y, por lo tanto, debido a su cuantía, se podían tramitar sin un procedimiento negociado. La defensa del interventor señaló que este funcionario ordenó el pago de facturas que estaban convenientemente conformadas y que no tenía obligación de comprobar si se habías prestado o no los servicios. Las defensas alegaron, frente a la confesión de Rodríguez, que se había autoinculpado, a pesar de no ser culpable, para obtener la rebaja en su condena.
