La recién creada 'Asociación de juristas Jiménez de Asúa' presentó ayer por la mañana una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el primer juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, por presunta falsedad en varios autos dentro de ese caso de corrupción. En la querella hacen referencia a unas resoluciones que el juez dictó en su periodo de vacaciones y que fueron visadas por el Ministerio Fiscal. Es un asunto que ya resolvió la Audiencia provincial de Las Palmas señalando que mientras no haya un sustituto designado el juez tiene plena jurisdicción y competencias.
Esa resolución se produjo dentro de una denuncia anterior contra el mismo juez y por los mismos hechos por parte de uno de los principales imputados del caso Unión, el abogado Luis Lléo, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión por cohecho. La denuncia no fue admitida a trámite. Lleó ha presentado cerca de setenta recursos en un intento de que se anulen todas las actuaciones del caso. Lleó es investigado por el presunto soborno al que fuera consejero del Cabildo, el socialista Carlos Espino, para que desbloqueara una macro urbanización en la localidad de Playa Blanca paralizada por los tribunales en el año 2007. La denuncia presentada por Espino ante la Guardia Civil dio origen al Caso Unión.
No obstante, ya hay tres piezas de Unión que se han juzgado, dos con sentencia condenatoria y una a la espera de fallo, y a pesar de que en los tres juicios las defensas han solicitado la nulidad de las actuaciones, no se ha aceptado una solicitud.
La asociación que se querella contra el juez Pamparacuatro no se había registrado oficialmente hasta el pasado mes de noviembre, aunque ya en el mes de junio se intentó personar, con la instrucción casi terminada, en todas las piezas del caso Unión como acusación popular. Uno de los abogados que actuó en representación de la misma es Juan David García Pazos, que a su vez ha representado a Luis Lléo en una vista del caso Unión. Es el mismo abogado que se personó en el caso Stratvs representando a la asociación Agonane, de Fuerteventura, y que acabaron renunciando a él por sentirse engañados y utilizados.
La juez instructora de Unión, Silvia Muñoz, decidió expulsar a la asociación de juristas como acusación popular porque no tenían acreditados los requisitos objetivos para ser parte del proceso ni habían trasladado el acta fundacional para comprobar la identidad de quienes la forman, además de que no estaban claros ni su interés legítimo ni sus fines.
Esta asociación pedía que se anulara el auto de apertura de juicio oral de una de las principales piezas, lo que retrasaría mucho la instrucción. La Fiscalía llegó a resaltar sobre su personación que "si no es un abuso en el ejercicio de la acción popular, se le parece", y cuestionaron el momento elegido para personarse en un caso que lleva seis años afirmando que es "una causa que jamás le interesó" y que "ni siquiera conoce".
