La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias reclamó ayer la colaboración del Cabildo de Lanzarote y del resto de los ayuntamientos de la isla para abrir una oficina de atención a las víctimas de delitos, un servicioi público y gratuito implantado por el Ministerio de Justicia pero que no está operativa en ninguna de las islas del Archipiélago.
Creadas por el Ministerio de Justicia de acuerdo con la Ley 35/1995 de 11 de Diciembre, las oficinas de atención a los delitos estarían dedicadas a todo tipo de víctimas de delitos, pero, preferentemente, a las personas que han sido víctimas de delitos violentos con resultado de muerte, lesiones graves o daños contra la salud física o mental, así como, a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual; ya sean víctimas directas o indirectas. De esta manera, las Oficinas pueden atender a la persona que ha sufrido el delito de forma directa o a sus familiares o personas que estuvieran a su cargo, cuando el delito les ha afectado de alguna forma.
El consejero de Presidencia y Justicia de Canarias, Aarón Afonso se reunía ayer con el presidente accidental del Cabildo, Luis Arráez en un encuentro en el que también estuvieron presentes el viceconsejero de Justicia, Manuel Fajardo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Lourdes Quesada.
El Ejecutivo regional demandó también la colaboración de las instituciones lanzaroteñas para la puesta en marcha de un punto de encuentro familiar, un espacio el que, a través de la mediación y la comunicación pacífica y fuera del contexto judicial, las parejas puedan llegar a acuerdos para su separación o divorcio, en beneficio de las propias familias y su futura relación. Ya el pasado mes de marzo, el Ejecutivo canario aprobó la regulación específica de puntos de encuentro familiar en cada una de las islas, según las recomendaciones del informe que sobre estos centros realizó el Diputado del Común.
Arráez detalló que aunque no son competencias de los Cabildos, tanto el punto de encuentro familiar como la oficina de atención a las víctimas del delito "son necesarias en la isla" y es por ello que "bien solo o con los ayuntamientos podríamos hacer un esfuerzo para que nuestra isla pueda contar con estos servicios y facilitar a los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa el acceso a los mismos sin tener que desplazarse a otras islas del archipiélago o estar esperando por funcionarios de otras islas para que puedan ser atendidos".
Por su parte, Aarón Afonso, indicó que una de las opciones más viables era la firma de un convenio entre el Gobierno, Cabildo y ayuntamientos para la gestión del punto de encuentro familiar, un servicio para el que habría que contratar al menos un psicólogo y un trabajador social.
La delegación del Gobierno canario se reunió también con los operadores jurídicos de los juzgados de Lanzarote.
