El actual interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, se enfrenta a otros 12 años de cárcel por la presunta malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de San Bartolomé cuando estaba compatibilizando este cargo en ese consistorio entre los años 2002 y 2008. La Fiscalía acaba de presentar el primer escrito de acusación del denominado caso Montecarlo en el que están acusados además el exalcalde de San Bartolomé Miguel Martín (al que se le piden 5 años y 9 meses de prisión), el exconcejal de Hacienda Javier Betancort (5 años y 9 meses), el tesorero del Ayuntamiento, Luis Manuel Rodríguez (5 años y 10 meses), y el empresario José Vicente Montesinos (11 años y 11 meses de cárcel). Entre los delitos figuran el cohecho, malversación, prevaricación y falsedad de documento público.
Según el escrito del ministerio fiscal, Carlos Sáenz " ideó la forma de expoliar arbitrariamente los fondos públicos municipales puestos a su disposición, prevaliéndose para ello de la posición privilegiada que como Interventor de Fondos ostentaba en dicha Corporación, llevando a cabo sin solución de continuidad hasta su detención por orden judicial el día 22 de mayo de 2012 múltiples actuaciones tendentes a lograr cuantiosas cantidades de dinero, para sí y para terceros".
La Fiscalía destaca que el interventor se concertó con el empresario José Vicente Montesinos "y con los acusados Luis Manuel Rodríguez, Miguel Martín y Javier Betancort en cuanto tesorero, alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento respectivamente, participando todos ellos de común acuerdo prevaliéndose de las funciones públicas que cada uno de ellos ostentaba, a través del abono injustificado de elevadas cantidades de dinero público a empresas vinculadas al acusado MR (Montesinos) bajo la apariencia de legalidad mediante la adjudicación fraudulenta de contratos con dichas empresas, y de una ficticia prestación de asesoramiento y colaboración con los servicios económicos municipales por parte de éstas".
Según las conclusiones de la Fiscalía el importe total abonado por el Ayuntamiento de San Bartolomé al acusado José Vicente Montesinos a través de sus sociedades mercantiles "Progestril, S.L." y "Recingest, S.L." entre el mes de mayo de 2002 y el mes de diciembre de 2008 ascendió a la cantidad de 392.707 euros, y le fueron reconocidos indebidamente otros 49.079 euros".
Las dos empresas, cuyo administrador único era el acusado José Vicente Montesinos, estaban encaminadas al asesoramiento en materia tributaria, financiera y presupuestaria. No obstante, según las conclusiones de la Fiscalía los servicios nunca se llegaron a prestar a pesar de que se pasaban las correspondientes facturas que eran validadas por los acusados.
Según la Fiscalía el contrato con estas sociedades "se celebró sin justificarse la necesidad de la externalización de tales servicios y la consiguiente contratación y gasto públicos, y por medio de una apariencia de expediente administrativo que burlase los principios de transparencia, objetividad, igualdad, concurrencia y legalidad en su adjudicación, soslayando íntegramente la normativa administrativa reguladora del abono de obligaciones contraídas por el Ayuntamiento", señala el escrito.
