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Un senador bajo la lupa pública

José Ramón Galindo, a quien la Justicia archivó una causa por supuesto menudeo de droga, fue condenado en 2013 a pagar una multa de 60 euros por llamar "gilipollas" a un policía

El senado por Lanzarote, José Ramón Galindo. ADRIEL PERDOMO

El senador por Lanzarote, José Ramón Galindo, de Podemos, vuelve a estar en el punto de mira. En esta ocasión por un nuevo episodio que le llevó en el año 2013 a los tribunales por unos hechos acontecidos en el pueblo de Tías. Galindo fue condenado a pagar una multa de 60 euros por "una falta de respeto y consideración debida a agentes de la autoridad" en los hechos que la sentencia del 6 de febrero de 2013 del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Arrecife considera "probados".

Según el relato de lo acontencido recogido por la magistrada, Galindo le gritó a un policía local de Tías que lo iluminó con una linterna debido a la escasa luz que existía en la calle Hilario del pueblo de Tías, "métete la linterna por el culo". Ese y otro agente estaban realizando "un control rutinario de drogas y menudeo" cuando el primero alumbró a Galindo. "Refiriéndose a ambos agentes", prosigue el texto, "continuó con su actitud profiriendo expresiones como 'váyanse a tomar por el culo, déjennos en paz, gilipollas'. Tras ello se marcha del lugar introduciéndose en un local cercano".

El senador mostró ayer su disconformidad con lo que se recoge en el documento en relación a las explicaciones sobre lo ocurrido aquella noche en Tías, aunque evitó dar detalles de su versión sobre lo que pasó. No obstante, admitió que abonó los 60 euros de la multa, "tal y como había solicitado el fiscal, para no seguir discutiendo por este tema".

Tras valorar "en conciencia la prueba practicada", señala la sentencia, "pueden darse como probados los hechos antes narrados a la vista de las declaraciones de ambos policías locales, que ratificaron su atestado". Añade la juez: "Sin que pueda darse credibilidad a lo manifestado por el denunciado, que únicamiente niega haberle faltado al respeto, pero que ello no desvirtúa la presunción de veracidad de los atestados policiales, máxime cuando reconoció conocerlos y que ha tenido actuaciones de los agentes de la Policía Local en numerosas ocasiones".

En base a lo anterior y teniendo en cuenta "la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo, así como el tiempo y forma del pago de las cuotas", el fallo impuso a Galindo que tenía que satisfacer un importe de seis euros diarios durante diez días, "en un tiempo que no exceda de cinco días desde que el condenado sea requerido a ello". En caso de impago debía cumplir un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Además, se le impusieron las costas del proceso.

A las pocas horas de ser elegido, contra todo pronóstico, senador por Lanzarote en los comicios del pasado 20 de diciembre, las redes sociales echaban humo con la noticia de la detención de Galindo por parte de la Policía Local por supuesto trapicheo de drogas en febrero de 2008 en las fiestas de La Candelaria de Tías.

Galindo ni siquiera llegó a ser procesado por ese caso, puesto que el juzgado archivó la denuncia a petición de la Fiscalía, según demostró Podemos con el auto del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Arrecife, del juez Jerónimo Alonso del 18 de noviembre de 2008, en el que se decretó el sobreseimiento de la causa contra el representante lanzaroteño en la Cámara Alta.

Según el juez, "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que se decretó el archivo de la misma.

Además, Podemos aportó un certificado del juzgado, fechado el 22 de diciembre de 2015, dos días después de la cita electoral, que acreditaba que el caso, que se inició con un "atestado denuncia de la Guardia Civil", está "sobreseído y archivado".

Galindo afirmó rotundamente este miércoles, que no tiene "nada pendiente con la ley" y que no teme que salgan nuevas cosas a la luz, como la adelantada ayer por el diario digital local La Verdad de Lanzarote.

Por otro lado, Galindo negó que desde su partido se le haya pedido el acta a raíz de sus problemas con la Justicia que se han hecho púbicos y que Podemos desconocía cuando fue designado candidato al Senado por la Isla. "En ningún momento me han pedido el acta y si lo hicieran hablaré con los compañeros y si tengo que dejar el Senado, por mi no hay problema".

Asimismo, el senador dijo no entender por qué "tienen que salir cosas de mi pasado, puesto que lo que tenemos que hacer es mirar todos juntos por el bien de la gente. Que me juzguen por mi trabajo a partir de ahora en el Senado".

Algunas voces dentro de Podemos reconocen que hay discrepancias dentro de la formación política acerca de los que siguen confiando en Galindo y el sector que se muestra crítico con él porque entiende que "no ha tenido una actitud honesta y demuestra que su patrón de conducta no es el adecuado para el cargo que ostenta", según manifestaron la pasada jornada a este periódico.

Fuentes de Podemos indicaron que la situación de Galindo ha llegado incluso a la Comisión de Garantías Democrácticas de Podemos, que entre sus funciones, tiene por objetivo velar "por el más estricto cumplimiento del Código Ético por parte de todas las personas que representen a Podemos u ocupen cargos públicos en su nombre, para que este proyecto siga siendo limpio y transparente". Galindo dijo desconocer que dicha comisión esté estudiando su situación.

El organismo social canario Titeroygakat, señaló ayer en un comunicado en referencia a Galindo, que "entendemos que en la vida de cualquier persona puede haber cosas buenas y cosas malas. Cosas de las que se pueden sentir orgulloso y cosas de las que desearían olvidar y borrar". Sin embargo, precisó el colectivo, "hay ciertos errores del pasado, los cuales por su gravedad no se pueden olvidar e intentar no tener en cuenta y mucho menos aún cuando quien lo comete pretende ocupar un cargo en la Cámara Alta como senador de Lanzarote, este tipo de delito muy grave debería inhabilitarlo de por vida en el ejercicio político institucional".

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