El fondeo de más de 200 embarcaciones sin ningún tipo de control en el Charco de San Ginés ha obligado al Ayuntamiento de Arrecife a regular de manera específica las actividades que se desarrollan tanto en la lámina de agua como en la ribera dentro de la futura ordenanza sobre el litoral de la capital lanzaroteña. La construcción del puerto deportivo Marina Lanzarote a partir del año 2013 provocó un éxodo de embarcaciones hacia el interior del Charco dado que el fondeo en esta zona es gratuito.
La concejala de Educación, Medio Ambiente y Parques de Arrecife, Ascensión Toledo asegura que la ordenanza, que está siendo consensuada con los colectivos sociales y económicos de la capital, debe contar no solo con el visto bueno del pleno de la corporación sino de la Dirección General de Costas dado que una parte del litoral está afectado por la Ley de Costas.
La primera medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento ha sido la del nombramiento de un policía local con capacidad legal para hacer un censo sobre las embarcaciones. "En primer lugar miraremos sin los barcos cuentan con todos los papeles en regla pero no para sancionar sino para que los dueños puedan legalizar su situación", aclara Toledo. Para ello se contará también con la colaboración de Capitanía Marítima y con los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil dado que una barca abandonada tiene la condición de residuo.
En la ordenanza, que todavía puede sufrir alguna modificación antes de su aprobación definitiva, queda prohibida la presencia a modo de fondeo, varado o circulando, de cualquier embarcación que carezca de folio e identificación (matrícula). "El Ayuntamiento de Arrecife abrirá expedientes a estas embarcaciones instando a que las autoridades competentes las retiren en el menor plazo posible", señala la ordenanza .
Otro aspecto fundamental será cuantificar el número de barcos que puedan fondear en el Charco. "Lo primero que vamos a hacer es realizar este censo porque necesitamos conocer exactamente el número de fondeos", recalca Toledo. Según la normativa se fija el cupo máximo de embarcaciones en la ribera del Charco a las que tengan domicilio fiscal en el municipio y a entre un 5% y un 10% extra de fuera de la capital. "Las embarcaciones que pretendan acceder al Charco y que estén fuera de esta cuota, entrarán en una lista de espera que se irá desplazando por riguroso orden de entrada", indica.
Eso sí, el número de embarcaciones presentes no superará bajo ningún concepto un cuarto de la lámina total de agua del Charco, debiendo quedar libres las tres cuartas partes del mismo. Además, se descarta la colocación de pantalanes y que todos los barcos estén en una misma zona. "Queremos mantener la imagen típica del Charco de barcos fondeados pero con un control", insiste Toledo.
